Newsletter TAI

                                                                                             

CORREO QUINCENAL

Buenos Aires, 30 de junio de 2009

Año II. Numero 31

(Primer Nro. 00; editado el 15/03/2008)

 

 

Presidente Ejecutivo del TAI:               Ing. Horacio Speroni. <hsperoni@fbertel.com.ar

Presidente Comisión Sitio Web TAI:    Ing. Jorge Algañarz. <www.tai.org.ar>

Corresponsales:                                       Ing. Jorge Donaye U., Lima, Perú. 

                                                                  Dr. Fernando Macondes, San Pablo, Brasil

.                                                                 .

Convenio de Copublicación con:             Microjuris Argentina SA.

Suscripciones a:                                    Sra. Claudia Digon: <tribunalarbitral@cai.org.ar>

Repertorio o Indice General:              Verlo en los números 12 (de 00 a 11) y 25 (de 12 a 24).

 

Estimado Lector:

     Ponemos en circulación este Correo Quincenal para todos los interesados en el arbitraje y otros métodos alternativos de resolución de conflictos, especialmente para aquellos que se desenvuelven en el ámbito de las ingenierías.

        En este número se le cursa nuevamente a los suscriptores únicamente por el sistema de correo electrónico, que sabemos que tiene algunos inconvenientes, pero muchas más ventajas comparativas.  

       Para una lectura adecuada este correo preferente hágalo desde Programa Outlook Express, (vaya a formato, luego a texto enriquecido), que le permitirá su archivo correspondiente mediante el Programa Explorador de Windows. Ante cualquier inconveniente avísenos y se lo enviaremos en formato Word.                                 

         Recuerde que puede consultar los números anteriores en la pagina www.tai.org.ar.

         Saludamos muy atentamente.

 

                                                                  HORACIO ZAPIOLA PEREZ

                                                                             Editor – Director

 

La libre distribución este e-mail está autorizada por tratarse de propósitos de información.Este es un e-mail directo, legal, libre de virus y que consideramos de su interés, debido a que Ud. tiene relación o se ha contactado alguna vez con este Tribunal Arbitral.De acuerdo con la nueva Ley Argentina Nº 26.032, cuyo texto se encuentra en: http://infoleg. mecon gov.ar/infolegInternet/anexos/105000-109999/107145/norma.htm. Si Ud. desea no recibir más el Newsletter TAI o desea agregar nuevos destinatarios para esta distribución, rogamos enviar las direcciones de correo a: Sra. Claudia Digon (tribunalarbitral@cai.org.ar) que amablemente colabora con nosotros.

 

ÍNDICE

i.) Editorial: La Situación No Ha Variado”. Por Horacio Zapiola Pérez 

ii.) Sección Jornadas Internacionales Participativas A Modo De Competencia “Tribunales De Arbitraje De La Ingeniería” Desarrollo De Un Caso Arbitral Internacional:.     

iii.) Sección Jurisprudencia: Mobil Argentina S.A. C/ Gasnor S.A. s/ Laudo Arbitral s/QUEJA”. Fuente  Microjuris.

iv.) Sección Bibliografía (Publicación de Documentos Inéditos o de Difícil Obtención). Continuamos con "La Comisión de Arbitraje y Mediación del Consejo de Cámaras de Comercio del MERCOSUR".

v.-) Sección Pericias: Jurisprudencia: “Compraventa de Mercaderías - Arbitraje - Pericia Arbitral - Vicios Ocultos -Prueba Pericial”. Fuente  Microjuris.

vi.-) Sección: “Contrastando Ideas” - Hoy Primera Refutación Expone Horacio Zapiola Pérez Acerca De La Conferencia De Itvetan Todorov conque Inauguró el Programa Maestros Contemporáneos de Caixa Forum


EDITORIAL[1][1]: LA SITUACION NO HA VARIADO

                                                                                                Por Horacio Zapiola Pérez

En el número 8 de julio de 2008, decía que un lector, me había preguntado si mi carácter de Editor – Director, indicaba además, el de ser el único articulista. La observación –muy cierta- se basaba en que en los últimos números del Newsletter, todos los artículos llevaban mi firma.

En aquel momento le hice saber a tan amable lector que es que, atento la falta de vocación literaria, era mi obligación, dada mi aceptación oportuna a la conducción del Boletín, abastecerlo de material arbitral.

A casi un año de la pregunta y la respuesta, la situación no ha variado y sigo sin conseguir voluntades para que aporten sus trabajos.

Veré sí a partir del presente y motivados por el comienzo del debate epistolar con Deodoro Luque, se produce la empatía necesaria y aparecen articulistas que aporten su colaboración a este emprendimiento.

Hasta el próximo número.

 

HORACIO ZAPIOLA PEREZ

Director - Editor

zapiola@ar.inter.net



II.-  SECCION JORNADAS INTERNACIONALES PARTICIPATIVAS A MODO DE COMPETENCIA “TRIBUNALES DE ARBITRAJE DE LA INGENIERÍA” DESARROLLO DE UN CASO ARBITRAL INTERNACIONAL:

  • Si bien a la fecha, no he recibido información para publicar, me he permitido consultar al Presidente del Comité de Control y Coordinación el Ingeniero Horacio Speroni, él que me hizo saber de las dificultades de uno de los Comités, que a la brevedad estará solucionada, por lo que estima en plazo breve poner en marcha el ejercicio..

           

III.-SECCION JURISPRUDENCIA: “MOBILARGENTINAS.A. C/ GASNOR S.A. S/ LAUDO ARBITRAL S/QUEJA

Voces:TRIBUNAL ARBITRAL-GAS-ARBITRAJE-LAUDO ARBITRAL-ACTA DE MISIÓN-CONTROL JUDICIAL DELARBITRAJE-EMERGENCIAECONÓMICA-CER-RECHAZO DEL RECURSO-INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DELA LEY-DERECHOS YGARANTÍAS CONSTITUCIONALES-RECURSOS-RECURSO DE APELACIÓN-RECURSO DE NULIDAD-DEFENSA DEL CONSUMIDOR

 

Partes:MobilArgentina S.A. c/ Gasnor S.A. s/ laudo arbitral s/queja

Tribunal:CámaraNacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado:D

Fecha:8-ago-2007

Cita:MJ-JU-M-16580-AR| MJJ16580 | MJJ16580

PRODUCTO:MICROJURIS

Habiéndoserenunciado al recurso de apelación, la queja intentada fue bien rechazada y portantola Cámaraentiende que no ha habido arbitrariedad ni afectación del orden público quehabilite una revisión de fondo de la decisión arribada en el laudo arbitral. Porlo tanto, estima acertada la aplicación del CER a las sumas adeudadas por lademandada, originalmente contraídas en dólares. Entiende que las normas vigentesal momento de la emergencia económica, fueron válidamente interpretadas por eltribunal arbitral, y por lo tanto, ajenas a revisiónjudicial.

Sumario:

1.-Norevela arbitrariedad la afirmación del laudo, de que el CER no constituyeprecio, sino una compensación parcial al acreedor de obligaciones pesificadas.El CER, en efecto, es un instrumento para compensar los efectos de ladevaluación monetaria operada en enero de 2002, donde en el caso, es menesterestablecer si resulta o no aplicable a las deudas reclamadas por la actora. Ental sentido, la quejosa no demuestra cabalmente que su débito se encuentreexceptuado de la aplicación de dicho coeficiente. Antes bien, ninguna de lasexcepciones previstas por la ley 25.713resulta aplicable al caso de autos,cabiendo estar, por ello, a la regla general establecida por el art. 1°de esa ley en cuanto prescribe, concarácter general, la aplicación del CER a todas las obligaciones que en origenhubieran sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera, yhubieran sido transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561o posteriormente. Así, laarbitrariedad denunciada no puede ser admitida bajo el argumento de que el laudoarbitral fue injusto y arribó a una solución no valiosa porque permitió alproductor ajustar su precio según el CER, ya que, en el caso, resultameridianamente claro que no es lo mismo la relación consumidor-distribuidor, quela relación distribuidor-productor; pues en la primera inciden componentes queno están en la segunda, vinculados a la protección del usuario de un serviciopúblico, que son precisamente los que permiten discriminaciones como lascuestionadas, en el sentido de admitir que unos sujetos deban asumir elincremento resultante del CER y otros, no, por su especial posición en la cadenade comercialización del gas.
2.-Para resolver la nulidad de un laudo carecende eficacia los argumentos enderezados a demostrar su injusticia, por cuanto elobjeto procesal de la jurisdicción judicial es completamente diferente del queacarrea la apelación. Los jueces ordinarios sólo tienen la facultad de revisarla decisión arbitral en cuanto a su justicia, cuando se recurre de ella medianteel recurso de apelación, que abre la instancia judicial con amplitudprecisamente para ello. Pero cuando la apelación está excluida (como ocurre enel caso) y se somete a decisión de los jueces estatales la cuestión relativa ala validez de laudo, no puede entrar a considerar el modo en que la controversiaha sido resuelta. Pretender, a través del recurso o acción de nulidad, larevisión del fondo del asunto resuelto por los árbitros, significaría abrir unainstancia de alzada no prevista, para obtener un pronunciamiento contrario a losprincipios que rigen la materia, poniendo en cabeza de los jueces una facultadjurisdiccional de la que carecen. Y la mera invocación de violación delprincipio del pass through no aporta demostración de arbitrariedad en el laudo.Es que la soportación por el distribuidor del incremento derivado del CER -porsu incumpliendo en el pago-, sin posibilidad de traslación al precio pagado porel usuario, constituye una solución que tolera un test constitucional basado enla garantía de igualdad ante la ley y que, por consecuencia, sirve de fundamentobastante para excepcionar -dentro de un marco de emergencia económica y socialcomo el declarado por la ley 25.561- la aplicación del principio referenciado.
3.-Las disposiciones del CPCCN. aplicables al caso (art. 758y sgtes.), guardan silencio acerca delmomento en que el Tribunal Arbitral puede pronunciarse sobre la concesión o node los recursos contra el laudo, por lo que la decisión denegatoria adoptadadespués de la sustanciación de ellos no parece necesariamente cuestionable,máxime ponderando que: a) de ninguna manera puede ser sostenido que la simplesustanciación o traslado de un recurso implica su tácita concesión; y b) que noagravia el debido proceso que la denegatoria de la concesión se produzca despuésde la sustanciación del recurso, pues ese es el trámite admitido, por ejemplo,por el recurso extraordinario regulado por el art. 14de la ley 48 (art. 257, CPCC) y a nadie se le ha ocurridoque ello sea inconstitucional ocontrario a tal garantía, ni que el merotraslado implique la concesión de la apelación federal en forma implícita.
4.-La administración privada de justicia que implica el arbitraje no esajena a cierto control judicial, el cual no es susceptible de ser suprimidototalmente, en razón de una exigencia que surge de objetivos constitucionalmenteasumidos como el de ?promover la justicia? y también de las garantías de ladefensa en juicio y de la propiedad, y de la ejecutoriedad equivalente a la deuna sentencia judicial que el Estado dispensa -cumplidos ciertos recaudos- a loslaudos arbitrales. Así, la mayor o menor amplitud del control judicial dependede la misma voluntad que dio origen al arbitraje: de máxima extensión, si laspartes cuentan con el recurso de apelación por no haber renunciado a él, olimitado a ciertos ámbitos eminentemente formales en el supuesto de que loscontratantes hayan renunciado a aquella apelación y sólo dispongan del recursode nulidad del laudo arbitral. En el sub lite se presenta la última de lashipótesis precedentemente señaladas pues la cláusula compromisoria pactada porlas partes, expresamente estableció la inapelabilidad del laudo, implicando ellola renuncia por las partes al recurso de apelación concedido por la legislaciónprocesal ante el juez que habría correspondido conocer, si la cuestión no sehubiere sometido a árbitros, en concordancia con lo que resulta del art. 28, ap.6, del Reglamento de Arbitraje dela Cámara InternacionaldeComercio -a cuyas reglas se sometieron aquellas- que, en lo pertinente,establece que todo Laudo es obligatorio para las partes. Al someter sucontroversia a arbitraje según el Reglamento, las partes se obligan a cumplirsin demora cualquier Laudo que se dicte y se considerará que han renunciado acualesquiera vías de recurso a las que puedan renunciar válidamente. En tanto lademandada renunció a la apelación, no cabe acoger los agravios articulados.
5.-La renuncia a la vía de la apelación en materia de laudos arbitrales, nopuede ser interpretada como una abdicación a la posibilidad de impugnación si secontraría el orden público, o si el arbitraje fuese inconstitucional, ilegal oirrazonable. Ahora bien, lo cierto y concreto es que en el sub lite demandada noalega que el laudo hubiera violado el orden público, sino que hace unaconsideración abstracta y genérica de dicho instituto jurídico para sostener,conceptualmente, la irrenunciabilidad de cualquier vía impugnatoria cuando se loafecta. En efecto, los agravios presentados por la quejosa como supuestosvinculados a causales de arbitrariedad de sentencia, y no como relacionados conviolaciones al orden público o, lo que es lo mismo decir, como relacionados conla afectación de derechos fundamentales de rango constitucional, desde que, elorden público en el recurso contra un laudo arbitral debe ser identificado conlos contenidos constitucionales fundamentales. De modo que la renunciavoluntaria al derecho de acceso a los recursos contra un arbitraje no puede desuyo ser considerada como contraria al orden público, ya que no involucra larenuncia a ningún derecho constitucionalmente amparado, sino a un derecho debase legal como es el de la posibilidad de revisión por una instancia superior.Máxime, cuando la garantía de la doble instancia no tiene jerarquíaconstitucional en juicios civiles.
6.-La demostración de una afectación alorden público debe ser clara e indubitable por parte de quien alegue suexistencia, y no el resultado de genéricas postulaciones como ocurre en el caso.Admitir otra cosa o siquiera flexibilizar ese criterio interpretativo, podríaconducir a dejar indebidamente de lado, sin razones valederas, la regla según lacual corresponde al juez respetar la renuncia -a la jurisdicción natural, engeneral, y a la posterior revisión por los jueces del Estado, en particular- sinatender a posteriores retractaciones que solapadamente puedan intentar laspartes como consecuencia de una resolución adversa, desnaturalizando elinstituto del arbitraje al privarlo de uno de sus más preciosos beneficios.
7.-La afirmación de la quejosa según la cual la renuncia a la interposicióndel recurso de apelación que hiciera no pudo aprehender la hipótesis decontroversia futura basada en la aplicación de la legislación de emergenciadictada con posterioridad a la firma de la cláusula compromisoria, pierde devista -convirtiéndose por ello en inaceptable- que dicha renuncia no se hizoexclusivamente para tener operatividad en arbitrajes que debieran decidirse conajuste a la legislación vigente en el momento de pactarse la referida cláusulacompromisoria sino, lógicamente, también para tener operatividad en arbitrajescuya decisión pudiera derivar de legislación que se sancionara en lo futuro. Yes que, en su esencia, la cláusula compromisoria se refiere siempre a litigiosfuturos, y no a litigios presentes que deban ser resueltos con arreglo a lalegislación existente. En efecto, lejos de referirse a conflictos ya existentes,la cláusula compromisoria (pactum de compromittendo) se refiere a la obligaciónque tienen las partes de someter sus diferencias ?futuras? al arbitraje, y esobvio que esas controversias futuras habrán de ser examinadas con sujeción elderecho vigente al tiempo en que ellas se susciten o resuelvan (arg. art. 3°del CCiv.) sin que, entonces, puedaválidamente predicarse que la genérica renuncia al planteo de recursos formuladaen la cláusula compromisoria no aprehenda, en su seno, la renuncia alcuestionamiento judicial de un laudo (necesariamente futuro) que se basare en laaplicación de dicho derecho vigente al tiempo de nacer el conflicto o vigente almomento de resolverlo. Admitir otra cosa sería tanto como

  Fallo:

BuenosAires, 8 de agosto de 2007.

1°)Gasnor S.A. dedujo ante esta alzada una queja (fs. 1244/1259) por denegación quese hiciera (fs. 108/113) del recurso de apelación y nulidad (fs. 79/105) quearticuló contra el laudo que dictó el Tribunal Arbitral, con sede en BuenosAires y constituido bajo las Reglas deArbitrajedela Cámarade Comercio Internacional (fs.12/68) que resolvió, en cuanto aquí interesa, lo siguiente: A) condenó a pagar aMobil Argentina S.A. la suma que resulte del Coeficiente de Estabilización deReferencia (en adelante, CER) por los suministros de gas natural que fueronefectuados durante los años 2002 y 2003, con más sus intereses hasta la fechadel efectivo pago a la tasa del contrato que unió a las partes; así como losintereses por el no pago en término de facturas emitidas en los años 2002 y2003, especificadas en el anexo III de la demanda, a misma tasa de interés; B)declaró que Gasnor S.A. tiene la obligación de abonar las facturas o notas dedébitoque Mobil Argentina S.A. hubiera emitido a partir de la fecha deinterposición de la demanda, como consecuencia de la venta de gas en lostérminos del contrato, ajustadas por el CER; C) rechazó la pretensión de MobilArgentina S.A. de condenar a Gasnor S.A. a excluir de la pesificación lasfacturas y notas de débito anteriores al 6 de enero de 2002.

2°)Con posterioridad a la interposición de queja ante esta alzada, el TribunalArbitral dictó un addendum al laudo final en respuesta a un pedido deinterpretación efectuado por Mobil Argentina S.A. (fs. 1262/1267, 1269/1278 y1327/1331).

Esde observar que contra este addendum no se interpuso recurso alguno, por lo cualno es posible considerarlo, como tampoco las expresiones que sobre él severtieron en fs. 1333
3°) En su recurso de apelación y nulidad GasnorS.A.invocó los siguientes agravios y fundamentos:
(a) Si bien el art. 28 delReglamento deArbitrajedela CámaradeComercio Internacional establece -como regla aplicable al caso- que el laudo esobligatorio y debe ser cumplido sin demora, considerándose que ".las partes hanrenunciado a cualesquiera vías de recurso a las que pueden renunciarválidamente.", corresponde entender, de acuerdo a la doctrina dela Corte SupremadeJusticia delaNaciónexpresada en el caso "José Cartellone ConstruccionesCiviles S.A. c/ Hidronor S.A."(sentencia del 1/6/04), que ello nopodría ser interpretado como una renuncia a apelar una decisión arbitral cuandoel laudo contraríe el orden público, o fuese inconstitucional, ilegal oirrazonable.

Observó,además, que la renuncia a interponer el recurso de apelación, no implica larenuncia a interponer el recurso de nulidad (fs. 80/83).

(b)La renuncia al derecho de apelar establecida en la cláusula compromisoriainserta en el contrato que unió a las partes, determinada por la frase ".Ellaudo arbitral será inapelable y obligatorio." (véase transcripción en fs. 18),no puede ser interpretada como abdicación del derecho de controvertir por vía deapelación aspectos vinculados a la aplicación de la normativa de emergencia quese dictó en 2001/2002, o sea, con posterioridad a la firma de dicha cláusulacompromisoria (fs. 83/85).

(c)Hubo por parte del Tribunal Arbitral exceso de jurisdicción y apartamiento delActa de Misión en tanto omitió considerar como derecho aplicable el queresultaba de diversos actos administrativos dictados por el ENARGAS, los cuales,pese a su presunción de legitimidad (art. 12de la ley 19.549), no fueron tenidosen cuenta por el laudo por considerarlos arbitrarios, incurriéndose, de talmanera, en una extralimitación notoria, pues una declaración como esa, quecuestiona la legitimidad de actos administrativos, no es susceptible de seremitida en unarbitraje(fs. 86 vta./88vta.).

(d)El laudo fue arbitrario, en el sentido de irrazonable, porque:(i) omitióconsiderar lo dispuesto por el art. 13de la ley 25.561, que estableció unmarco jurídico especial aplicable al mercado del gas (fs. 89 y vta.).

(ii)calificó al contrato celebrado entre las partes como "privado", sin advertir queMobil Argentina S.A. es un concesionario del Estado Nacional a la luz de lodispuesto por la ley 17.319y del decreto 2446/92 (fs. 89 vta./90vta.).

(iii)no ponderó de manera adecuada prueba que se estima como decisiva (testimonio delingeniero Álamos; relevamiento de documentación del consultor técnico Freyre;prueba informativa de ENARGAS), y fue dogmático en cuanto afirmó que el preciodel gas está desregulado y ninguna norma legal ha cambiado tal principio (fs. 92y vta.).

(iv)sostuvo de modo también dogmático que el CER representa una compensación parcialpara el acreedor de obligaciones pesificadas, que no constituye precio y que seaplica a todas las obligaciones anteriores al 6 de enero de 2002. En este ordende ideas, sostiene la quejosa que, por el contrario, el CER sí forma parte delprecio y no es de aplicación automática a todas las obligaciones pesificadas,uno de cuyos ejemplos es, precisamente, las obligaciones vinculadas al mercadodel gas que recibieron un tratamiento especial en el citado art. 13 de la ley25.561, que lleva a excluir toda corrección o cláusula de ajuste (fs. 95 yvta.).

(v)consagró una solución esencialmente injusta y disvaliosa, porque permitió alproductor ajustar su precio por aplicación del CER, no obstante que se le impideal distribuidor -que se ha visto afectado del mismo modo que el productor-seguir idéntica conducta, vulnerándose la garantía de igualdad ante la ley (fs.95 vta./98 vta.).

(vi)arribó a una conclusión contraria a la correcta formación de la denominada"tarifa de distribución", ya que trasladó a Gasnor S.A.el evento desequilibrantedel precio del gas, violando el principio regulatorio del pass through, yhaciendo que dicha empresa deba afrontar el CER con su margen de distribucióncongelado y pesificado; ello, además, sobre una base dogmátiva, como es afirmarque si no se aplica el CER todo el perjuicio recae en el productor (fs. 98vta./101 vta.).

(vii)fue falaz cuando sostuvo que para morigerar los efectos de la aplicación delCoeficiente de Estabilización de Referencia, no cabía hacer aplicación delAcuerdo Normativo propuesto porlaUTE(Tecpetrol, Mobil y CGC) por medio de una carta dirigida aGasnor S.A. el día 22/12/98, afirmando el Tribunal Arbitral para ello que dichoacuerdo no se refirió al CER sino a los ajustes estacionales del precio y quepara lograr lo propio debió la demandada lograr la revocación de la decisiónnegativa que adoptó el ENARGAS relativa a la eficacia de tal acuerdo; y ello esasí, según la quejosa, porque por el contrario podía llegarse a la apuntadamorigeración interpretando al Acuerdo Normativo como demostrativo de laintención común de las partes, aplicándolo a la luz del principio de equidad yobservando, además, que fue pacíficamente aplicado con posterioridad al dictadode la ley 25.561(fs. 92 y vta. y 101 vta./104).

(viii)incurrió en autocontradicción al afirmar, por un lado, que las tarifas del gasestán desreguladas; y por otro lado, que por decisión política están"congeladas" (fs. 104/105).

4°)Independientemente de lo anterior, al articular la queja por denegación delrecurso de apelación y nulidad que se acaba de reseñar, la demandada Gasnor S.A.invocó la existencia de cierta deficiencia procesal en las que habría incurridoel Tribunal Arbitral al dictar el auto denegatorio respectivo, lo cualimportaría -según la versión del recurrente- una violación a la garantíaconstitucional del debido proceso.En tal sentido, la quejosa puso de relieve queel tribunal arbitral al disponer traslado del recurso de apelación y de losfundamentos del de nulidad con carácter previo a resolver sobre suadmisibilidad, permitió suponer la concesión de ambos y no su denegación comofinalmente resolvió, por lo que su actuación en este último sentido implicóextralimitar su competencia.

5°)Por razón de lógica en la exposición, corresponde comenzar por el tratamiento dela cuestión procesal introducida en la queja que se reseñó en el considerandoprecedente.
Al denegar los recursos de apelación y nulidad, el TribunalArbitral explicó las razones por las cuales los había sustanciado previamente aresolver sobre la inadmisibilidad de ellos, y porqué no podía aceptarse lapretensión de la demandada de tenerlos por concedidos por el solo hecho dehaberse ordenado su sustanciación (fs. 109).

Puesbien, la queja presentada ante esta alzada no refuta fundadamente estas últimasrazones brindadas por el Tribunal Arbitral que, como él lo señalara, remiten aprincipios propios del procedimiento arbitral consagrados en el Reglamento deArbitrajedela CCI, que rige el presente proceso.

Atodo evento, obsérvase que las disposiciones del Código Procesal en lo Civil yComercial delaNaciónaplicables al caso (art. 758y sgtes.), guardan silencio acerca delmomento en que el Tribunal Arbitral puede pronunciarse sobre la concesión o node los recursos contra el laudo, por lo que la decisión denegatoria adoptadadespués de la sustanciación de ellos no parece necesariamente cuestionable,máxime ponderando que: a) de ninguna manera puede ser sostenido que la simplesustanciación o traslado de un recurso implica su tácita concesión; y b) que noagravia el debido proceso que la denegatoria de la concesión se produzca despuésde la sustanciación del recurso, pues ese es el trámite admitido, por ejemplo,por el recurso extraordinario regulado por el art. 14de la ley 48 (art.257, CPCC) y a nadie se le ha ocurridoque ello sea inconstitucional por contrario a tal garantía, ni que el merotraslado implique la concesión de la apelación federal en forma implícita.
6°) Ingresando, ahora, en el examen de la queja que denegó el recurso deapelación y nulidad articulado por Gasnor S.A., corresponde recordar, ante todo,que la administración privada de justicia que implica elarbitrajeno es ajena a cierto controljudicial, el cual no es susceptible de ser suprimido totalmente, en razón de unaexigencia que surge de objetivos constitucionalmente asumidos como el de"promover la justicia" y también de las garantías de la defensa en juicio y dela propiedad y de la ejecutoriedad equivalente a la de una sentencia judicialque el Estado dispensa -cumplidos ciertos recaudos- a los laudos arbitrales. Atodo evento, la mayor o menor amplitud del control judicial depende de la mismavoluntad que dio origen alarbitraje: demáxima extensión, si las partes cuentan con el recurso de apelación por no haberrenunciado a él o limitado a ciertos ámbitos eminentemente formales en elsupuesto de que los contratantes hayan renunciado a aquella apelación y sólodispongan del recurso de nulidad del laudo arbitral (CSJN, 17/11/94, C. 950.XXIV. "Color S.A. c/ Max Factor Sucursal Argentina s/ laudo arbitral s/ pedidode nulidad del laudo", Fallos 317:1527, voto del juez Boggiano). (45857)
Enel sub lite se presenta la última de las hipótesis precedentemente señaladaspues la cláusula compromisoria pactada por las partes, expresamente establecióla inapelabilidad del laudo, implicando ello la renuncia por las partes alrecurso de apelación concedido por la legislación procesal ante el juez quehabría correspondido conocer si la cuestión no se hubiere sometida a árbitros,en concordancia con lo que resulta del art. 28, ap.6, del Reglamento deArbitrajedela Cámara InternacionaldeComercio -a cuyas reglas se sometieron aquellas- que, en lo pertinente, diceasí: ".Todo Laudo es obligatorio para las partes. Al someter su controversia aarbitrajesegún el Reglamento, laspartes se obligan a cumplir sin demora cualquier Laudo que se dicte y seconsiderará que han renunciado a cualesquiera vías de recurso a las que puedanrenunciar válidamente." (énfasis agregado).
7°) Como fuera anticipado, en elcaso de autos la firma Gasnor S.A. sostiene que la renuncia a la vía de laapelación en materia de laudos arbitrales, no puede ser interpretada como unaabdicación a la posibilidad de impugnación si se contraría el orden público, osi elarbitrajefuese inconstitucional,ilegal o irrazonable. Cita, en tal sentido, el precedente dela Corte Supremaregistrado en Fallos 327:1881 ("Cartellone").

Ahorabien, más allá de la opinión, generalmente adversa, que la doctrina ha elevadocontra el citado precedente del Alto Tribunal por razones que no cabe aquíexaminar (conf. Méndez, H., Impugnación judicial de laudos arbitrales. El caso"Cartellone". Un lamentable retroceso, JA 2005-I, p. 1312; Estoup, L., Launiversalización del orden público interno en elarbitrajeinternacional ¿una defensalegítima?, LL 2004-F, p. 930; Montaldo, M., El fallo "Cartellone": lasimplicancias económicas de una decisión inconveniente, LL 2004-F, p. 1025;Bonfanti, M., Interrogantes y límites de la interpretación jurídica, JA 2004-IV,p. 78; Zapiola Pérez, Horacio R., Aproximación a modo de crítica del fallo "JoséCartellone Construcciones Civiles SA c/ Hidroeléctrica Norpatagónica SA oHidronor S.A., en Decita - Derecho del Comercio Internacional: temas yactualidades, vol. 3 , Buenos Aires, 2005 , págs.470 a476; etc.), lo cierto y concretoes que en el sub lite Gasnor S.A.no alega que el laudo hubiera violado el ordenpúblico, sino que hace una consideración abstracta y genérica de dicho institutojurídico para sostener, conceptualmente, la irrenunciabilidad de cualquier víaimpugnatoria cuando se lo afecta.

Enefecto, agravios tales como la mayoría de los reseñados en el considerando 3°,son presentados por la quejosa como supuestos vinculados a causales dearbitrariedad de sentencia, y no como relacionados con violaciones al ordenpúblico o, lo que es lo mismo decir, como relacionados con la afectación dederechos fundamentales de rango constitucional, desde que, como lo ha destacadoautorizada doctrina, el orden público en el recurso contra un laudo arbitraldebe ser identificado con los contenidos constitucionales fundamentales (conf.Barona Villar, S., El laudo en elarbitrajede consumo, RCEA, vol. XIII, 1997,p. 9, espec. p. 41; González Quiroga, M., Las normas imperativas y el ordenpúblico en elarbitrajeprivadointernacional, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2001, ps. 645/647, n°646 y 647).

Ensu caso, no es ocioso poner de relieve la inconsistencia argumental que, en símismo, implica la mención abstracta y genérica de un orden público supuestamenteafectado para fundar la pertinencia de una revisabilidad judicial amplia de unlaudo que, como ocurre en el caso, ha sido dictado en el marco de un régimenarbitral al cual las partes se han sometido voluntariamente y que coloca encabeza de cada parte la obligación de cumplir sin demora la decisión que seadopte entendiéndose renunciado, como regla explícita e irrenunciable a su vez,todo derecho a una postrer impugnación judicial que permita esa amplia revisión.
En tal orden de ideas, es evidente que la renuncia voluntaria al derecho deacceso a los recursos contra unarbitrajeno puede de suyo ser consideradacomo contraria al orden público, ya que no involucra la renuncia a ningúnderecho constitucionalmente amparado, sino a un derecho de base legal como es elde la posibilidad de revisión por una instancia superior (conf.González Quiroga,M., ob .cit., p. 356, n° 353), cabiendo recordar en ese sentido que la garantíade la doble instancia no tiene jerarquía constitucional en juicios civiles(conf. CSJN, 11/4/06, H. 45. XXXVII. Hojman, Rubén Evar s/ concurso preventivos/ incidente de revisión promovido por Giannella, María Cristina").

Concordemente,en un caso en el cual se examinaba si podía entenderse vulnerado el ordenpúblico interno por haberse inadmitido un recurso de apelación contra un laudoarbitral, concluyó el Tribunal Supremo de España -con palabras perfectamenteaplicables al derecho argentino- que ello no podía ser así porque la decisiónque declara improcedente el indicado recurso no pone en tela de juicio derechoconstitucional alguno, observando al respecto que se debe tener en cuenta ".ladiferente relevancia constitucional del derecho de acceso a la jurisdicción y elde acceso a los recursos legalmente establecidos, resultando éste mero corolariode aquél, en cuanto al derecho de acceder a la justicia no viene otorgado por laley sino porlaConstituciónmisma. De ahí la diferente trascendencia que desdela perspectiva constitucional cabe otorgar a uno y a otro." y que ".No puedeencontrarse enlaConstituciónninguna norma o principio que imponga la necesidadde una doble instancia o de unos determinados recursos, siendo posible enabstracto su inexistencia o condicionar su admisibilidad al cumplimiento deciertos requisitos." (conf. Tribunal Supremo de España, Sala Civil, 9/6/98,"Breakbulk Marine Service Limited c/ Narvacero S.A.", RCEA, vol. XIV, 1998, ps.237/244).

Yaunque, ciertamente, lo precedentemente expuesto no signifique, de ningunamanera, que la renuncia a los recursos contra un laudo arbitral implique, a lavez, una renuncia de las partes a hacer valer el orden público que pudiera estarinvolucrado en el caso laudado, ya que el control judicial del orden público esirrenunciable y las partes mediante la renuncia indicada no pueden escapar delmismo (conf. González Quiroga, M., ob. cit., p.665, n° 670), no menos verdaderoque ello es que, dentro de tan especial escenario, la demostración de unaafectación al orden público debe ser clara e indubitable por parte de quienalegue su existencia, y no el resultado de genéricas postulaciones como ocurreen el caso. En efecto, admitir otra cosa o siquiera flexibilizar ese criteriointerpretativo, podría conducir a dejar indebidamente de lado, sin razonesvalederas, la regla según la cual corresponde al juez respetar la renuncia -a lajurisdicción natural, en general, y a la posterior revisión por los jueces delEstado, en particular- sin atender a posteriores retractaciones quesolapadamente puedan intentar las partes como consecuencia de una resoluciónadversa, desnaturalizando el instituto delarbitrajeal privarlo de uno de sus máspreciosos beneficios (conf. CSJN. Fallos 325:2893, voto de los jueces Boggiano yNazareno).
8°) De su lado, la afirmación de la quejosa según la cual larenuncia a la interposición del recurso de apelación que hiciera no pudoaprehender la hipótesis de controversia futura basada en la aplicación de lalegislación de emergencia dictada con posterioridad a la firma de la cláusulacompromisoria, pierde de vista -convirtiéndose por ello en inaceptable- quedicha renuncia no se hizo exclusivamente para tener operatividad enarbitrajesque debieran decidirse con ajuste ala legislación vigente en el momento de pactarse la referida cláusulacompromisoria sino, lógicamente, también para tener operatividad enarbitrajescuya decisión pudiera derivar delegislación que se sancionara en lo futuro. Y es que, en su esencia, la cláusulacompromisoria se refiere siempre a litigios futuros, y no a litigios presentesque deban ser resueltos con arreglo a la legislación existente. En efecto, lejosde referirse a conflictos ya existentes, la cláusula compromisoria (pactum decompromittendo) se refiere a la obligación que tienen las partes de someter susdiferencias "futuras" alarbitraje(conf. Martínez Vázquez de Castro, L., La cláusula compromisoria en elarbitrajecivil, Civitas, Madrid, 1984, p.34;Fernández delaGándara, L. y Calvo Caravaca, A., Derecho MercantilInternacional, Tecnos, Madrid, 1993, p. 284), y es obvio que esas controversiasfuturas habrán de ser examinadas con sujeción el derecho vigente al tiempo enque ellas se susciten o resuelvan (arg. art. 3°del Código Civil) sin que, entonces,pueda válidamente predicarse que la genérica renuncia al planteo de recursosformulada en la cláusula compromisoria no aprehenda, en su seno, la renuncia alcuestionamiento judicial de un laudo (necesariamente futuro) que se basare en laaplicación de dicho derecho vigente al tiempo de nacer el conflicto o vigente almomento de resolverlo.
Admitir otra cosa sería tanto como aceptar unaescisión en el tratamiento de los casos sometidos aarbitraje, pues los habría de un tipo según elcual la renuncia a los recursos judicial tendría plena vigencia por haber sidolaudados con arreglo a la legislación vigente en el tiempo de la firma de lacláusula compromisoria; y los habría de otro tipo según el cual, por haber sidolaudados con sujeción a legislación que no estaba sancionada al momento defirmarse la cláusula compromisoria, habrían de ser recurribles judicialmente adespecho de cualquier renuncia. Es evidente que una comprensión semejanteresulta claramente inadmisible.

9°)A esta altura, conviene recordar que, como lo expuso esta Sala en la causa n°4537/2005 "Decathlon España S.A. c/ Bertone, Luis y otro s/ proceso arbitral", sentencia del 25.10.06 (voto deljuez Heredia), en previsión de situaciones como la de autos, el art.760 delCódigo Procesal prescribe que ".la renuncia de los recursos no obstará, sinembargo, a la admisibilidad del de.nulidad fundado en falta esencial delprocedimiento, en haber fallado los árbitros fuera del plazo, o sobre puntos nocomprometidos.".

Atenor de los agravios planteados en el recurso interpuesto, no se trata elpresente de un caso que enmarque en la segunda causalcitada.

Ytampoco en la nulidad fundada en una "falta esencial del procedimiento",cupiendo recordar al respecto que, como lo ha destacado esta Sala, dicha causalse refiere a la invalidación de un laudo arbitral fundada en la existencia devicios de orden formal que pudiesen haber afectado las garantías de regularidaddel contradictorio, y que su admisibilidad se halla subordinada a la presenciade los requisitos procesales necesarios para impetrar una nulidad, a saber,existencia de defecto formal o ineficacia del acto -que en el caso debe seresencial, con afectación de la defensa en juicio-, el interés jurídico en ladeclaración y actuación no convalidada (35706)(conf. CNCom. Sala D, 12/7/02,"Total Austral SA c/ Saiz, Francisco Santiago s/ recurso de nulidad", JA2003-II, p.79, con nota de Bianchi, R., La nulidad del laudo arbitral por faltaesencial del procedimiento). Sin embargo, la quejosa no imputa ningna "faltaesencial de procedimiento" con el alcance precedentemente expuesto.

10°)La quejosa aduce, de otro lado, que el laudo incurrió en un exceso dejurisdicción y apartamiento del Acta de Misión en tanto, a su juicio, noconsideró el derecho aplicable que emanaba de diversos actos administrativosdictados por el ENARGAS, el cual dejó de ser ponderado pese a la presunción delegitimidad de tales actos y contra la cual no cabía en sede arbitral ningúnexamen que llevara a dejarla sin valor.

Caberecordar que la causal de nulidad relativa a haber incursionado el laudo enpuntos no comprometidos, se refiere a un pronunciamiento extra petita, para cuyacalificación como tal es menester una indagación acerca de la correspondenciaentre los puntos comprometidos expresamente (o aun tácitamente, si puedenimplicarse de los sometidos expresamente) y la decisión final delarbitraje(Fenochietto, C. y Arazi, R., CódigoProcesal Civil y Comercial delaNación, comentado y concordado, Buenos Aires, 1987, t. 3, p.546).

Enel acta de misión fue postulado que el tribunal arbitral se expidiera acerca de".Si corresponde aplicar el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) alos suministros de gas natural efectuados durante los años 2002 y 2003, y losque se realicen en el futuro, tomando en consideración el derecho aplicable."(fs. 25, punto f, y fs. 87).

Larespuesta del tribunal arbitral a tal postulado resulta del capítulo VII dellaudo ("cuarta cuestión", fs. 47/56). En dicho capítulo, los árbitrosconcluyeron en la pertinencia de la aplicación del CER a las deudas porsuministros del bienio 2002/2003, descartando la pretensión de sentido contrariode la demandada Gasnor S.A.fundada en el distinto tratamiento que la ley 25.561depara a los prestadores de servicios públicos en cuanto, afirma, deja sinefecto el ajuste de tarifas sobre la base dólar o índices extranjeros, ordenandouna renegociación de la tarifa, de suerte que, entonces, no es posible acceder aningún ajuste -como lo sería el CER- sin el previo reconocimiento de él porparte del ENARGAS o del Estado Nacional. Para así decidir, el laudo arbitralexaminó en detalle los argumentos de Gasnor S.A. (fs. 49), así como actuacionesdel ENARGAS y del Estado Nacional que dicha parte estimó como vinculadas al tema(fs. 50), concluyendo: (a) que el ENARGAS no ha considerado la aplicación delCER entre los conceptos que integran los cuadros tarifarios; (b) que en lapráctica la aplicación del CER al precio del gas repercutiría en el distribuidorGasnor S.A., pues no es trasladable a la tarifa que éste percibe del usuario;(c) que si no se aplica el CER al precio del gas, todo el perjuicio recae en elproductor Mobil de Argentina S.A.; (d) que todas las obligaciones anteriores al6 de enero de 2002 han recibido -como mínimo- el ajuste del CER; (e) que ellaudo no puede solucionar el problema planteado por Gasnor S.A., porque élderiva de la aplicación de decisiones gubernamentales que "congelaron" losprecios que deben pagar los usuarios, lo cual impide trasladarle a estos elmayor costo que implica la aplicación del CER en la relaciónproductor-distribuidor; (f) que el CER, a todo evento, no es un incremento delprecio, sino una compensación de la significativa reducción del precio causadapor la acción conjunta de la pesificación compulsiva y la devaluación de lamoneda argentina; (g) que el pass through no es automático, a diferencia de losostenido por Gasnor S.A.

Acriterio delaSala, la solución precedentemente reseñada que brindó elTribunal Arbitral no constituyó un exceso de jurisdicción, ni se apartó del Actade Misión, sinoque abordó la cuestión postulada seleccionando la norma queestimó aplicable a las circunstancias comprobadas de la causa, y ello conalcances que de ninguna manera puede calificarse como extra petita, máximeponderando que, a diferencia de lo que sostiene la quejosa, no hubo omisión enla ponderación de los actos del ENARGAS que se dicen aplicables a la especie,sino decisión concreta y positiva de los árbitros de rechazar el supuesto"derecho aplicable" que de ellos resultaban, bajo el argumento no controvertidopor Gasnor S.A. en su recurso de apelación y nulidad de que el mencionado enteregulador informó en autos, con claridad, que ".El Marco Regulatorio -por efectode las disposiciones del artículo 38de la ley 24.076 y lo dispuesto por eldecreto n° 1411/94- no reconoce carácter automático al ajuste tarifario porvariaciones en el precio del gas comprado, sino que el ENARGAS.deberá tomar encuenta todas las circunstancias del caso, incluyendo niveles de precios vigentesen los mercados, en condiciones y volúmenes similares.", situación esta últimaque no ha ocurrido finalmente y cuyas consecuencias, en definitiva, deben serasumidas por Gasnor S.A. como consecuencia del riesgo regulatorio asumido porlas distribuidoras consistente, precisamente, en que el ente regulador no fueraa autorizar el traspaso del incremento de los precios de gas convenidos con losproductores a la tarifa a percibir de los usuarios.
En suma, no se aprecia,desde la perspectiva analizada, que el laudo estuviera viciado por haberabordado puntos no comprometidos en los términos del art. 760del Código Procesal, siendo evidenteque el carácter ultra petita de la decisión no queda configurado por el solohecho de que ella no hubiera recogido la interpretación que sobre la cuestióncontrovertida haya sostenido la quejosa.

11°)Los restantes agravios de Gasnor S.A. pretenden descalificar el laudo arbitralsobre la base de invocar su arbitrariedad con varios argumentos.Mas unadescalificación de esa naturaleza, basada en la doctrina de la arbitrariedad, nosería propia del marco cognoscitivo del recurso de nulidad, sino del recurso deapelación al que se ha renunciado. En tal sentido, cabe recordar que el recursode nulidad contra el laudo no está previsto para atacar presuntos errores iniudicando, los que sólo pueden ser reparados por la vía de la apelación (CNCom.Sala C, 21/12/01, "Cortesfilms Argentina SA c/ Seb Argentina SA s/ queja")(36860), sin que tampoco puedapretenderse elípticamente una revisión judicial de un laudo adverso mediante unrecurso de nulidad -que limita al juez a resolver acerca de la existencia de lascausales taxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez de aquél-pues, en ese caso, quedaría desorbitado el régimen arbitral (conf. esta Sala D,25/10/06, "Decathlon España S.A. c/ Bertone, Luis y otro s/ proceso arbitral";íd. Sala C, 3/6/03, "Calles, Ricardo y otros c/ General Motors Corporation s/queja") (39055).
En este punto, y paradar una acabada respuesta, cabe destacar que si bien la ley prevé la impugnacióndel laudo por vía del recurso de nulidad, este no habilita a las partes asolicitar una revisión de aquel en cuanto al fondo de lo decidido sino que eljuez debe limitarse a resolver acerca de la existencia de las causalestaxativamente establecidas susceptibles de afectar la validez del laudo, esdecir, controlar el efectivo cumplimiento de los recaudos que la legislación haconsiderado indispensables para una buena administración de justicia (conf.CNCom. Sala C, 3/6/03, "Calles, Ricardo y otros c/ General Motors Corporation s/queja"; íd. Sala A, 5/8/04, "KCK Tissue S.A. c/ Citibank NA s/ queja"). (39054)
Con tal base de comprensión de las cosas, este Tribunal se permite, noobstante, señalar lo siguiente:
(a) Afirma la quejosa que los árbitrosomitieron considerar lo prescripto por el art.13 de la ley 25.561 que, segúndice, estableció un régimen jurídico especial aplicable al mercado de gas.
Es verdad que el laudo no hizo mención de la norma indicada. Sin embargo,ello no se alza como una causal de invalidación pues, en rigor, la apuntadadisposición carece de relación directa e inmediata con la cuestión puesta adecisión de los árbitros.
Al respecto, se recuerda que dicha disposiciónfacultó al Poder Ejecutivo Nacional a regular, transitoriamente, los precios delos insumos, bienes y servicios críticos, a fin de proteger los derechos de losusuarios y consumidores, de la eventual distorsión de los mercados o de accionesde naturaleza monopólica u oligopólica.

Elespecífico ámbito de aplicación del reseñado precepto es, pues, el de laprotección del consumidor definido por la ley 24.240y, más concretamente, lo que tutela elart. 13 de la ley 25.561 es -como lo ha destacado la doctrina- exclusivamente elcontrato entre el concesionario y el usuario (conf. Gerscovich, C., Lalegislación de emergencia, decretos, resoluciones ministeriales y comunicacionesdel BCRA, anotados y concordados, Buenos Aires, 2002, ps. 234 y 238).

Detal manera, resulta claro que el citado art. 13 no aprehende la situación de uncontrato distinto al habido entre concesionario y usuario, como es en el casodel existente entre el concesionario y el productor, o como ocurre en laespecie, entre el distribuidor y el productor.
Bien se ve, pues, la ausenciade la apuntada relación directa e inmediata entre el citado art. 13 de la ley25.561 y la materia comprendida en elarbitraje, en el sentido de que dicha norma noes indispensable para fundar adecuadamente el laudo.

(b)La calificación que hicieran los árbitros del contrato entre Mobil ArgentinaS.A. y Gasnor S.A.como "privado", aun en la hipótesis de ser errada, no brindasustento propio para fundar la arbitrariedad del laudo, ya que cualquiera sea lacalificación jurídicamente correcta, de lo que se trata es de establecer si lademandada argumentó fundadamente su pretensión de excluir la aplicación del CERen las deudas que mantiene con la actora, y sobre ese particular la respuestanegativa dada por elarbitrajese asentóen otras razones, diferentes de esa calificación contractual, que se bastan a símismas para tener por adecuadamente fundado el laudo, excluyendo la tacha dearbitrariedad.
(c) Tampoco brinda sustento a la alegación de arbitrariedadla falta de ponderación de determinada prueba. Es que la cuestión no entroncacon una hipótesis de deficiencia probatoria que afecta la estructura de la causaa punto tal de evidenciar una verdadera inexistencia del debido proceso,supuesto en el cual la nulidad del laudo sería procedente (CNCom., Sala B,10/4/1972, LL 152-506), sino que se refiere a la selección del materialprobatorio efectuada por los árbitros, siendo evidente que no hay arbitrariedaddeterminada por el hecho de que el laudo hubiera dado preferencia a determinadoelemento probatorio, en desmedro de otros (CSJN, doctrina de Fallos 248:68;251:17; 253:496; etc.); ni ninguna arbitrariedad se desprendería del hecho deque los árbitros no hubieran ponderado una por una todas las pruebas agregadas ala causa, pues no estaban obligados a ello, sino solo a examinar los elementosde juicio que estimaban suficientes para la solución del asunto (CSJN, doctrinade Fallos 251:244, entre muchos otros).

Estemodo de apreciar el plexo probatorio (que es, en ultima instancia, locuestionado por los recurrentes) no da cuenta de ninguna causal de invalidacióndel laudo, siendo evidente que el agravio de que se trata no expresa otra cosaque no sea el disenso de la quejosa respecto de la evaluación probatoriapracticada en la órbita delarbitraje-con la consiguiente conclusión de que el mismo vendría a carecer derazonabilidad- lo cual no se correspondeen el plano conceptual con la causal denulidad de que se trata.

Deadmitirse lo contrario, toda hipotética atribución de defecto de fundamentaciónen el laudo arbitral con base en la expresión de disenso sobre la evaluaciónprobatoria practicada, bastaría para hacer intrínsecamente objetable todo laudobajo la especie del recurso de nulidad por "falta esencial del procedimiento",lo que es manifiestamente inadmisible (conf. CNCom. Sala D, 12/7/02, "TotalAustral SA c/ Saiz, Francisco Santiago s/ recurso de nulidad"; íd. Sala E,7/11/03, "PMA S.A. c/ Ciffoni, Ricardo; Donati, Silvia y Dupre,Graciana").(37585)

(d)No cabe considerar que el laudo fuese arbitrario por dogmático al habersostenido que el precio del gas está desregulado y ninguna norma legal hacambiado ese principio. Por el contrario, lo dogmático es la afirmación deGasnor S.A. de sentido diverso, pues al haber vencido la prórroga por un año queordenó el art. 1 del decreto 1186/93, cobró vigor la previsión final del art. 83de la ley 24.076 según la cual".Finalizado dicho período, se desregularán los precios de gas en punto deingreso al sistema de transporte y las transacciones de oferta y demandagasífera serán libres dentro de las pautas que orientan el funcionamiento de laindustria, de acuerdo con el marco regulatorio.".

(e)Tampoco revela arbitrariedad la afirmación del laudo de que el CER no constituyeprecio, sino una compensación parcial al acreedor de obligaciones pesificadas.

ElCER, en efecto, es un instrumento para compensar los efectos de la devaluaciónmonetaria operada en enero de 2002 (conf. Ghersi, C., ¿Qué es el CER y cuál essu finalidad?, en Ghersi, C., Reparación de Daños Contractuales producidos porlaEmergenciaeconómica, Rosario, 2002, ps. 151 y sgtes.).

Peroindependientemente de lo anterior, lo importante del caso no es una definiciónsobre la naturaleza del CER, sino simplemente establecer si resulta o noaplicable a las deudas reclamadas por Mobil S.A.y, en tal sentido, no es ociosoobservar que la quejosa no demuestra cabalmente que su débito se encuentreexceptuado de la aplicación de dicho coeficiente. Antes bien, ninguna de lasexcepciones previstas por la ley 25.713resulta aplicable al caso de autos,cabiendo estar, por ello, a la regla general establecida por el art. 1°de esa ley en cuanto prescribe, concarácter general, la aplicación del CER a todas las obligaciones que en origenhubiera sido expresadas en dólares estadounidenses u otra moneda extranjera yhubieran sido transformadas en pesos a partir de la sanción de la ley 25.561 obien posteriormente.

(f)Por su lado, la arbitrariedad denunciada no puede ser admitida bajo el argumentode que el laudo arbitral fue injusto y arribó a una solución no valiosa porquepermitió al productor ajustar su precio según el CER, lo cual no está permitidoal distribuidor, consagrando así una alteración de la garantía constitucional dela igualdad ante la ley.

Alrespecto, destácase que para resolver la nulidad de un laudo carecen de eficacialos argumentos enderezados a demostrar su injusticia, por cuanto el objetoprocesal de la jurisdicción judicial es completamente diferente del que acarreala apelación. Los jueces ordinarios sólo tienen la facultad de revisar ladecisión arbitral en cuanto a su justicia, cuando se recurre de ella mediante elrecurso de apelación, que abre la instancia judicial con amplitud precisamentepara ello. Pero cuando la apelación está excluida (como ocurre en el caso) y sesomete a decisión de los jueces estatales la cuestión relativa a la validez delaudo, no puede entrar a considerar el modo en que la controversia ha sidoresuelta.Pretender, a través del recurso o acción de nulidad, la revisión delfondo del asunto resuelto por los árbitros, significaría abrir una instancia dealzada no prevista, para obtener un pronunciamiento contrario a los principiosque rigen la materia, poniendo en cabeza de los jueces una facultadjurisdiccional de la que carecen (conf. Caivano, R.,Arbitraje, Buenos Aires, 1993, ps. 260/262 yjurisprudenciaallí referida).
Atodo evento, se aprecia como inadmisible la alegada violación a la garantía deigualdad ante la ley. Esto es así porque, como lo ha destacadola Corte SupremadeJusticia delaNaciónreiteradamente, la garantía de igualdad consagrada porel art. 16dela Constitución Nacionalno obsta a que el legislador contemple en forma distinta situaciones queconsidera diferentes, con tal que la discriminación no sea arbitraria ni importeilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas,aunque su fundamento sea opinable (Fallos 310:849; 311:1042; 312:840; entremuchos otros). Por otra parte, se ha afirmado -con criterio que cabe compartir-que frente a circunstancias disímiles nada impide un trato también diverso(Fallos 311:1602, voto de los jueces Petracchi y Bacqué), y que lainconstitucionalidad aparece cuando la ley contempla en forma distintasituaciones que son iguales (Fallos 312:826 y 851).

Enel caso, empero, resulta meridianamente claro que no es lo mismo la relaciónconsumidor-distribuidor, que la relación distribuidor-productor, pues en laprimera inciden componentes que no están en la segunda, vinculados a laprotección del usuario de un servicio público, que son precisamente los quepermiten discriminaciones como las cuestionadas, en el sentido de admitir queunos sujetos deban asumir el incremento resultante del CER y otros no por suespecial posición en la cadena de comercialización del gas.
(g) La invocadaviolación del principio del pass through tampoco aporta demostración dearbitrariedad en el laudo.Como fuera explicado precedentemente, la soportaciónpor el distribuidor del incremento derivado del CER, sin posibilidad detraslación el precio pagado po r el usuario, constituye una solución que toleraun test constitucional basado en la garantía de igualdad ante la ley y que, porconsecuencia, sirve de fundamento bastante para excepcionar -dentro de un marcode emergencia como el declarado por la ley 25.561- la aplicación del principioreferenciado.

(h)El laudo arbitral brindó razones, que más allá de su acierto o error, explicancon claridad -descartando la tacha de arbitrariedad- porqué para morigerar losefectos del CER no cabía hacer aplicación del Acuerdo Normativo propuesto porla UTE(Tecpetrol,Mobil y CGC) por medio de una carta dirigida a Gasnor S.A. el 22/12/98 (véasefs. 55).
Esas razones no son controvertidas eficazmente por Gasnor S.A. yaque: (1) no siendo controvertido que el citado Acuerdo Normativo se refiereexpressis verbis a los ajustes estacionales del precio del gas, carece de todalógica considerar que, a la vez, podía referirse al curso del CER, pues estecoeficiente comenzó a regir con posterioridad y su aplicación no está ligada aninguna variación estacional sino que responde a pautas propias que tienen raízen la devaluación monetaria que siguió a la sanción de la ley 25.561; (2) lacircunstancia alegada por Gasnor S.A. de que los recursos administrativos queinterpusiera ante el ENARGAS no hubieran recibido resolución (fs. 103 vta.),sólo puede ser interpretada desfavorablemente para esa parte, habida cuenta lodispuesto por el art. 10de la ley 19.549 (".El silencio o laambigüedad de la administración frente a pretensiones que requieran de ella unpronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa."); (3) la eventualaplicación que en los hechos pudiera haber tenido el Acuerdo Normativo según loexpuesto en fs.103, no puede mejorar la conclusión ya que, como fuera dichoantes, los ajustes previstos por tal acuerdo no se vinculaban al CER.; 4) laequidad cuya aplicación se reclama en fs. 102, no tiene cabida en el caso, puesni siquiera en los juicios según equidad pueden los árbitros prescindir deobservar las normas jurídicas de orden público o las que constituyen elfundamento de los varios institutos (conf. Carnacini, T.,Arbitraje, p. 143, traducción de S. SentísMelendo, Buenos Aires, 1961), cabiendo recordar, en tal sentido, el carácter deorden público de la legislación de emergencia que rige el caso (art. 19de la ley 25.561).
(i) Laautocontradicción que Gasnor S.A. imputa al laudo en cuanto afirmó que lastarifas están desreguladas y, al mismo tiempo, congeladas, no es en realidad unaautocontradicción de los árbitros sino, en todo caso, el resultado de laaplicación del régimen normativo vigente, siendo claro, en su caso, que frenteal efecto económico disvalioso evidenciado en las actuaciones con que habrá decargar dicha parte, la solución adoptada en la decisión recurrida consistente endistribuir la pérdida (fs.52infine), no puede tildarse de irrazonable.
12°) Porlo expuesto, y sin que -a contrario de lo requerido en fs. 1259- sea menesterdar intervención al Ministerio Público,

SERESUELVE:

a)      Rechazarla presentación directa efectuada por Gasnor S.A. por denegatoria del recurso deapelación y nulidad.

b)      Tenerpresente la reserva del caso federal (fs. 1259/vta., punto 7).

c)      Atentolo dispuesto por el art. 3°, inc. g, y 4°, inc. j, de la ley 23.898, oportunamentepasen los autos al señor Representante del Fisco para que determine la tasa dejusticia que Gasnor S.A. deberá ingresar.

d)      Notifíquesepor Secretaría.

GerardoG. Vassallo , Juan José Dieuzeide, Pablo D. Heredia, Héctor L. RomeroProsecretario Letrado  


IV.)SECCION BIBLIOGRAFÍA: PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS O DE DIFÍCIL OBTENCIÓN). CONTINUAMOS CON "LA COMISIÓN DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN DEL CONSEJO DE CÁMARAS DE COMERCIO DELMERCOSUR".


           

(*) Documento fechado el29/06/2001

(*) Acta dela Reuniónde el Consejo deCámaras de Comercio del Mercosur en su XIII sesión.

(*)Documento cuya original obra en el archivo el Consejo de Cámaras de Comercio delMercosur.

(*)copia en el archivo de HORACIO R ZAPIOLA PEREZ, quien se desempeñaba comodelegado de la misma.

 

CONSEJODE CÁMARAS DE COMERCIO DEL MERCOSUR

ACTA DELA XIIIREUNIÓN

ASUNCIÓN

29 DE JUNIO DE2001

En la ciudad de Asunción,Paraguay, el 29 de Junio de 2001, siendo la hora ocho a.m., se reúne el Consejode Cámaras de Comercio del Mercosur en su XIII sesión, enla Cámaray Bolsa de Comerciode Asunción, previa y debidamente convocada, con la participación de lassiguientes personas: porlaCámaray Bolsa de Comercio de Asunción: su Presidente donNicolás González Oddone, don Ricardo Dos Santos, Vice Presidente 2°, don JoséMaría Peña, Dr. Hugo Ramos, SecretarioGeneral, don Miguel Riquelme, Gerente; porla Cámara ArgentinadeComercio: don Rogelio Rozas y Dr. Florencio LLanos; porla ConfederaciónNacionalde Comercio, Brasil,: don Antônio Edmundo Pacheco y donAlberto Vieira Ribeiro; porla Cámara Nacionalde Comercio yServicios del Uruguay: su Presidente Dr. Jorge Peirano Basso y Dr. James A.Whitelaw.

 Preside don NicolásGonzález Oddone. OcupalaSecretaríael Dr. James A. Whitelaw.

1.     Palabras debienvenida.

El Sr. Presidente dela CámarayBolsa de Comercio de Asunción brinda una cálida bienvenida a los presentes yagradece la participación de las delegaciones que han concurrido ala XIIIreunióndel Consejo.

2.     Consideración del acta dela XIIReunióndel Consejo.

Sometidaa consideración el acta dela XII Reunióndel Consejo deCámaras de Comercio del Mercosur, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro el 1°de diciembre de 2001, se la aprueba por unanimidad.

 3.     Estado actual delMercosur.

El Sr. Rogelio Rozas serefiere al proyecto de declaración preparado porla Cámara Argentinade Comerciopara este Reunión, en la cual se incluían recomendaciones relativas a lossistemas de compensación monetaria y a los regímenes cambiarios de los PaísesPartes del Tratado de Asunción. Señala que el Tratado de Roma dela Unión Europeadedicaun artículo relativo a este tema, y que se terminó eliminando porquela ConfederaciónNacionalde Comercio de Brasil no estuvo de acuerdo en suinclusión.

Estima que el tema deberíaser incorporado al orden del día de la próxima Reunión.

El Sr. Alberto VieiraRibeiro expresa quelaConfederaciónbrasileña propuso su eliminación por temor a quese produjeran cambios sustantivos. La institución a que pertenece entiende queel Mercosur es un instrumento de mercado interno único, que deben existirconvergencias de políticas macroeconómicas, y que deben establecerse cronogramasy etapas para las convergencias económicas fundamentales de orden fiscal,cambiario, monetario que los EstadosPartes deberán cumplir, so pena de incurrir en penalizaciones.

Coincide con el Sr. Rozasen que en la próxima Reunión del Consejo deberá incluirse el tema con ideas másconcretas al respecto.

Agrega quela ConfederaciónNacionalde Comercio está plenamente convencida en cuanto a lanecesidad de nuestros países de profundizar el Mercosur; entendiendo que, comolo permite apreciar la historia, sólo a través del desarrollo del comercio seobtiene el desarrollo económico. Manifiesta que el Mercosur nos dará un pesoespecífico muy importante para negociar con grupos regionales que tienden a lamundialización.

Las aclaraciones aldocumento proyectado de declaración de este Consejo, prosigue el Sr. VieiraRibeiro, debe reforzar la idea, los objetivos, las metas estratégicas políticasy económicas del Mercosur.

El Sr. Rozas considera quedebe completarse el mercado único; que, para este Consejo de Cámaras deComercio, el proyecto original del Mercosur sigue estando vigente; y que no sepuede caer en la tentación de frenar su desarrollo aguardando ver qué acontececuando llegue el ALCA.

Don Ricardo Dos Santosexpresa quelaCámaray Bolsa de Comercio de Asunción defiende el Mercosur, elcual es una institución intergubernamental propia, con su identidad, con o sinel ALCA. Entiende que la eventual existencia del ALCA no puede hacer desaparecerel Mercosur.

El Sr. Presidente consultaal Sr. Rozas a qué mecanismos cambiarios se refiere.

El Sr. Rozas entiende quedebe existir en el Mercosur una convergencia de políticas cambiarias. Señala queen el Mercosur han existido dos cuestiones resueltas de un modo diferente. Así,manifiesta que el programa desgravatorio se cumplió, aunque con perforaciones enlo atinente al comercio intrazonal y al arancel externo común; a diferencia dela armonización de políticas macroecnómicas que no se cumplió. En este últimoaspecto, a su juicio, no hubo pautas en materias como, por ejemplo, políticas deimportación, exportación, incentivos, serpiente monetaria, política fiscal.Reitera que se debe formalizar y culminar el proceso de unión aduanera, y quelos países deberán trazar las pautas pertinentes para armonizar laspolíticas.

El Sr. Antônio Edmundo Pacheco formulauna exposición en portugués acerca de la posición dela Confederación Nacionaldel Comercio sobre el Mercosur, y distribuye entre los presentes la versión porescrito en español de su disertación.

Se dispone incorporar eldocumento como anexo N° 1 de esta acta.

En cuanto al significadoque el Mercosur ha tenido en el comercio inter regional, y a que aludió el Sr.Pacheco con respecto al Brasil, el Sr. Rozas manifiesta que, en caso delaArgentina, más del cincuenta por ciento de sus exportaciones alBrasil son manufacturas de origen industrial (MOI).

Ante la iniciativa de quetodas las delegaciones suscriban las palabras del Sr. Pacheco, el Dr. JorgePeirano manifiesta que la exposición ha sido interesantísima, pero que, encuanto a que todas las entidades presentes hagan suyo el documento, estima quela generalización podría no ayudar.

En particular, y a modo deejemplo, cuando se dice que “el crecimiento exponencial del comercio sedesarrolló en ambientes en que prevalecieron el descontro fiscal...”, entiendeque, en Uruguay, la seriedad fiscal, sin duda, se ha procurado. En cuanto a laafirmación de que: “...la posición dela CNCsiempre fue y continuará siendo, afavor de la liberalización comercial extra-Mercosur, claro, que en forma gradualy programada”, considera que, con respecto al Arancel Externo Común, lasposiciones de Argentina y Brasil han sido, por su historia y circunstanciasparticulares, proteccionistas. Señala que, para el Uruguay, el Arancel ExternoComún es altísimo.

Recuerda que, cuandoUruguay cerró su economía en al año 1930, fue un Senador socialista, de nombreEmilio Frugoni, quien sostuvo que, el Uruguay, siendo un país pequeño, debíanecesariamente mantenerse abierto.

El Dr. Peirano estima queel país no puede volver a cerrar su economía y que el Arancel Externo Común debereducirse, y aceleradamente, a su máxima expresión.

Agrega que, en Uruguay, elMercosur nunca fue considerado como un punto de llegada, sino de partida haciala apertura del comercio del país al mundo. Señala que el Tratado de Asunciónconstituye una política del Estado uruguayo, aprobada por todos los partidospolíticos con representación parlamentaria, y concebida como un medio y no comoun fin para la apertura de la economía. El Mercosur ha sido un marco importantepara el país, pero que no debe vérsele como el fin de lapelícula.

Finalmente, subraya laimportancia de la coordinación de las políticas macroeconómicas en elMercosur.

El Sr. Vieira Ribeirocoincide en la necesidad del crecimiento del comercio, y el Sr. Rozas manifiestaque el cierre de la economía supone un retroceso.

Don Alberto Vieira Ribeirodestaca el lastre que significa para estos países el peso del Estado y lapresión fiscal en orden a la competitividad internacional.

El Dr. Whitelaw expresaque, en materia de presión fiscal, ésta ha ido creciendo, entre otros factores,por la falta de control de la evasión fiscal, por la fiscalización constante delmismo universo de contribuyentes, lo cual contribuye a informalizar aún más laeconomía y a entrar en el círculo vicioso de una mayor tributación. En cuanto ala convergencia de las políticas fiscales, recuerda quela Unión Europeahaavanzado principalmente en la tributación indirecta (i.e., arancel externocomún, Impuesto al Valor Agregado), pero continúa rezagada en lo atinente a laimposición directa (por ejemplo, impuestos a la renta y al capital).

El Sr. José María Peñaestima que el peso del Estado es un mal común, de tal riesgo, que puede llegar aalterar la estabilidad democrática.

El Sr. Pacheco afirma queel Mercosur beneficia y fortalece a una región de enorme potencial.

Por último, se coincide enincluir en el texto de la declaración del Consejo recomendaciones a losgobiernos en el sentido que: 1) nodificulten ni traben las negociaciones sectoriales; 2) se establezca un sistemade incentivos y sanciones para los países que alcancen o no las metasprogramadas por las autoridades del Mercosur; 3) la necesidad de reformular losEstados y redimensionar las estructuras estatales, reduciendo su tamaño y laconsiguiente presión fiscal, de modo que alcancen una mayor competitividadinternacional; y 4) se actualicen las normas del Mercosur para lograr unfuncionamiento más eficiente; en lugar de renegociar el Protocolo de Ouro Preto,como se establecía en la recomendación N° 2 del proyecto dedeclaración.

4.     Posicióndel Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur ante elALCA.

Se considera respecto deltema del título un documento presentado porla Confederación Nacionaldel Comercio titulado: “El ALCA y la responsabilidad de los empresarios delcomercio y servicios”.

Se coincide con laafirmación realizada en el mencionado documento en cuanto a que “...la adhesiónde los países del Mercosur al ALCA es inevitable”, y a la conveniencia que elsector privado privado actúe junto al sector público en la preparación de lasnegociaciones del ALCA, al igual de lo que se hace en Brasil a través del grupoSENALCA creado por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Se decide incorporar alacta el documento referido como anexo N° 2.

5.     Declaraciónde Asunción.

Seresuelve adoptar la declaración que se denominará: “Declaración de Asunción delConsejo de Cámaras de Comecrio del Mercosur”, cuyo texto se reputará parteintegrante de esta acta como anexo N° 3, la cual es firmada por los Presidentesde las delegaciones de las entidades integrantes delConsejo.

6.     Varios.

El Dr. Florencio LLanosagradece en nombre dela Secretaría GeneralyCoordinadora delaComisiónde Arbitraje y Mediación del Consejo de Cámaras deComercio del Mercosur, ejercida durante estos últimos años porla Cámara Argentinade Comercio, la confianza dispensada por las demás instituciones integrantes deeste Consejo; y recuerda que, de conformidad con el reglamento de funcionamientovigente, dicha Secretaría General y Coordinadora debe traspasarse en el próximomes de diciembre ala Confederación Nacionalde Comercio de Brasil, ya que debe rotar cada dos años según el orden alfabéticode los países. Agrega que se están armonizando las tareas con la mencionadaConfederación para proceder al traspaso dela SecretaríaGeneral.

El Sr. Alberto Vieiramanifiesta que el Sr. Renato de Oliveira Rodrigues, bajo cuya dirección estarála SecretaríaGeneraldelaComisiónde Arbitraje y Mediación, tenía gran interés enparticipar en esta XIII reunión del Consejo a efectos, precisamente, de cambiarideas para el traslado dela Secretaría General.Lamentablemente, su necesaria participación en el Conferencia dela OrganizaciónInternacionaldel Trabajo (OIT), que se celebra en la ciudad deGinebra, Suiza, le impidió estar presente.

El Dr. Llanos señala que, apropuesta del Secretario General de este Consejo Dr. Whitelaw, la Secretaría Generaldela Comisiónde Arbitraje y Mediación elaboró una memoria de las actividades desarrolladasporlaComisióndurante los años que estuvo a cargodela Cámara Argentinade Comercio.

Al respecto, desea destacarque: 1) en el presente año se llevaron a cabo ocho reuniones y que, desde elcomienzo, se celebraron cuarenta y dos sesiones; 2) el 18 de junio pasadopresentaron antela Secretaría Permanentedel Mercosur la solicitud pertinente para el uso del logotipo del Mercosur, deconformidad conlaDecisión CMCN° 1/98; 3) el acuerdo de cooperación celebrado el8 de abril de 2001 entrelaComisiónde Arbitraje y Mediación del Consejo de Cámaras deComercio del Mercosur yla Confederaciónde Cámaras deComercio del Grupo Andino (CONFECAMARAS); 4) está planteada la posibilidad dehacer acuerdos de cooperacion conla International DisputeResolutions de Europa, así como con una institución de medios alternos deresolución de controversias de Nueva Zelanda; 5) se procesa el apoyo financierodel Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ala Comisiónde Arbitraje yMediación; 6) se está procurando lacertificación de calidad ISO 9000 (versión 2000) dela Comisión; y 7) durantela SecretaríaGeneraldela Cámara Argentinade Comerciose logró aprobar un reglamento de arbitraje, normas de ética, aranceles y nóminade mediadores propuestos por las instituciones integrantes delConsejo.

El Dr. Llanos entrega alaSecretaríacuatro documentos: 1) la memoria de actividadesaludida precedentemente, 2) el texto de la nota presentada ala SecretaríaPermanentedel Mercosur, 3) el acuerdo de cooperación conCONFECAMARAS; y 4) un informe de avance del Grupo de Trabajo de Armonización deLeyes de Comercio Interior, suscrito por el Ing. Eduardo Olender. Se dispone suincorporación al acta de esta XIII reunión del Consejo.

El Dr. Llanos sugiere a lospresentes que soliciten a sus respectivas Cancillerías que respalden antela SecretaríaPermanentedel Mercosur la solicitud efectuada de autorizacióndel logotipo.

El Dr. Whitelaw señala que,en su calidad de Secretario del Consejo e integrante dela Comisiónde Arbitraje yMediación, ha seguido muy de cerca los trabajos dela Comisióna impulsos dela SecretaríaGeneral, y que desea dejar constancia de su reconocimiento yagradecimiento por la ejemplar e intensa labor llevada a cabo por ésta, yparticularmente por su Secretario y Coordinador General Dr. Horacio ZapiolaPérez, los doctores Alejandro Ponieman, Florencio LLanos, Pedro Zuanich, Blanca Noodt Taquela, Ana Inés Depine,así como todo el calificado y numeroso equipo de profesionales que han trabajadojunto conlaSecretaría.

El Sr. Vieira Ribeirotambién agradece, en nombre propio, de don Renato de Oliveira Rodriguez y delaConfederacipon Nacionalde Comercio (CNC), la labor desempeñadaporla CámaraArgentinade Comercio. Agrega que, gracias al aprendizaje dela CámaradeArgentina,la CNCpodrá asumir ahora el compromiso de llevar adelantela Secretaría GeneraldelaComisión.

El Sr. José María Peña,también integrante delaComisiónde Arbitraje y Mediación, se asocia a lasmanifestaciones de reconocimiento y agradecimiento ala Secretaría Generaldela Comisión,destacando el trabajo excepcional desplegado, particularmente por la altacalidad de los profesionales involucrados.

Asimismo, añade, el Centrode Arbitraje y Mediación de Paraguay adquirió una gran experiencia, que ya estácomenzando a dar sus frutos. Este Centro, que ha contado con el apoyo financierodel BID, ya puede considerarse exitoso y, prácticamente, ya es autosustentabledesde el punto de vista económico. Expresa que el Centro ya tuvo casos por unacuantía acumulada de U$S 60.000.000.

El Sr. Peña anuncia que elCentro de Arbitraje y Mediación de Paraguay viene programando la realización deuna Conferencia o Seminario sobre arbitraje en el Mercosur del más alto nivel, arealizarse en el mes de octubre o noviembre próximo, y para el cual se ha pensado en invitar a lasmás relevantes personaliades de la región. A vía de ejemplo, señala que seinvitará al Sr. Vicepresidente del Brasil, Dr. Maciel, propulsor de la ley dearbitraje vigente en ese país. Al respecto, expresa que en el día de ayer hablócon el Embajador brasileño en Paraguay, quien le adelantó que Itamaraty apoyaráesta iniciativa. También el evento será auspiciado por el BID e importantesempresas de la región.

Propone que el Consejo deCámaras de Comercio del Mercosur propicie esta Conferencia y quela SecretaríaGeneraldel Consejo le preste su colaboración. Se dispone que el Consejo impulse también lainiciativa y quelaSecretaríale brinde su cooperación.

Se conviene que, antes dela próxima reunión del Consejo, se reúnan las comisiones de trabajo paracontinuar preparando y presentando documentos de utilidad para elConsejo.

Se acuerda que la próximasesión del Consejo se realice en la ciudad de Buenos Aires en el mes de octubrevenidero.

7.     Cierredela XIIIReunióndel Consejo y Conferencia deprensa.

Siendola hora 12, el Sr. Presidente invita a los presentes a participar del almuerzoofrecido por la institución anfitriona, los asistentes extranjeros agradecen ala CámarayBolsa de Comercio de Asunción su proverbial hospitalidad y, no habiendo másasuntos que tratar, se levanta lasesión.

A las 14 y 30 horas, losseñores jefes de las delegaciones del Consejo de Cámaras de Comercio delMercosur brindan una conferencia de prensa en la cual se entrega la “Declaraciónde Asunción del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur”.


(*)Documento fechado 31/10/2001

(*)ACTAde la reunión conjunta delaComisiónde Mediación y Arbitraje y Secretaría General Nº49..

(*)Documento cuya original obra en el archivo el Consejo de Cámaras de Comercio delMercosur.

(*)copia en el archivo de HORACIO R ZAPIOLA PEREZ, quien se desempeñaba comodelegado de la misma.

CENTRODE MEDIACIÓN DELACÁMARA ARGENTINADE COMERCIO

CENTRODE MEDIACIÓN DELA CONFEDERAÇAO NACIONALDO COMERCIO DO BRASIL

CENTRODE MEDIACIÓN DELA CÁMARAYBOLSA DECOMERCIO DEL PARAGUAY

CENTRODE MEDIACIÓN DELA CÁMARAYBOLSA DECOMERCIO DEL URUGUAY

CENTRODE MEDIACIÓN DELA CÁMARADECOMERCIO DE CHILE

 

COMISIONDE

MEDIACIONY ARBITRAJE

SECRETARIA

GENERALDEL

CENTRODE MEDIACION DEL

CONSEJODE CAMARAS DE COMERCIO DEL MERCOSUR

SedePro-tempore: L. N. Alem 36 piso 8vo. Bs. As. Argentina

Tel.(5411) 433l 8051

comint1@cac.com.ar

ACTAde la reunión conjunta delaComisiónde Mediación y Arbitraje y Secretaría General Nº49.-

v     Enla CiudaddeBuenos Aires, a los treinta y un días del mes de octubre del año dos mil uno,siendo las catorce horas, se reúnen en forma conjunta, en la sede dela CámaraArgentinade Comercio, con la presidencia del Dr. HoracioZapiola Pérez, los integrantes dela Comisiónde Mediación y Arbitraje ydela SecretaríaGeneraldel Centro de Mediación/Conciliación del Consejo deCámaras de Comercio del Mercosur.- Participan de la reunión la doctora BernardaFlores Ivanovic, Subgerente de Asuntos Jurídicos y Conciliación y Arbitraje dela CámaraNacionalde Comercio de Bolivia, la doctora Inés Balbinodelegada delaConfederaçao Nacionaldo Comércio de Brasil, el Pro-secretariodel Centro de Mediación del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur doctorFlorencio A. Llanos, desempeñándose como secretario el Dr. Pedro HoracioZuanich.- Se encuentran presentes la doctora Adriana Poggiolini del Centro deMediación dela CámaraArgentinade Comercio y los ingenieros Gel y Mendizabal delConsejo Profesional de Ingeniería Industrial.-

Enel curso de la reunión se incorporaron el licenciado José María Peña por elCentro de Arbitraje y Mediación dela Cámaray Bolsa de Comercio delParaguay y el doctor Alejandro Ponieman, Secretario del Centro de Mediación eintegrante delaComisiónde Mediación y Arbitraje del Consejo de Cámaras deComercio del Mercosur, quienes habían anunciado que por razones de horario dellegada de vuelos del exterior habrían de demorar su presencia.- También se hizopresente al promediar la reunión el Licenciado Guillermo Morales Fernandezpresidente dela CámaraNacionalde Comercio deBolivia y del Consejo Empresarial Andino dela ComunidadAndina.

Abiertoel acto por el doctor Horacio Zapiola Perez, agradece la presencia de losseñores delegados, en especial, la de quienes se han trasladado desde paíseshermanos, destacando que se trata de una reunión conjunta de ambos organismosque funcionan bajo su presidencia, por lo que a lo largo del orden del día serántratadas cuestiones, tanto de interés común, como específicas de la mediación oel arbitraje.- Puesto a consideración el Orden del Día, previamente informado alos señores delegados, se inicia la consideración del informe dela Presidenciay delaSecretaríadel Centro, señalando el doctor Zapiola Perez que enla última reunión celebrada en Brasil en el mes de septiembre del año pasado, seresolvió redactar un Reglamento de Mediación y Arbitraje del Centro. Historió latrayectoria de la constitución del Centro y destacó que en el inicio se habíaacordado dar prioridad a la organización del Centro de Mediación para luegoabordar el proyecto de arbitraje.

Eldoctor Llanos recordó el funcionamiento del Centro de Mediación y la función delaSecretaríaque desempeña como sede pro-tempore, que hasta elmomento estuvo a cargo de Argentina, la cual se trasladará en breve ala ConfederaçaoNacionaldo Comércio de Brasil a quien corresponde dirigir elpróximo período dela SecretaríaPro-tempore.-

Destacóque en el período se había completado la nómina de mediadores de cada Centro,aprobado el Reglamento de Normas de Procedimientos y Aranceles y las Normas deConducta a observar por parte de los mediadores, al igual que los documentos autilizar durante el procedimiento de mediación.-

Agregóseguidamente que la mediación resulta un procedimiento común a todos los centrosy que la presentación con anticipación de la documentación a los mediadoresfacilita un mejor servicio de mediación por el conocimiento previo de la disputapor parte del mediador circunstancia que adquiere mayor relieve en lasmediaciones internacionales. Puso el acento en la característica de laconfidencialidad que coloca a la mediación como un procedimiento sumamenteaceptable por parte de las personas y empresas vinculadas al comercio y losservicios, generalmente interesadas en la reserva sobre susconflictos.

Luegode esta introducción el doctor Horacio Zapiola Perez puso a consideración delacta de la reunión anterior. Se leyó por secretaria el acta Nº 48 de la reunióncelebrada el l2 de octubre de 2001 porla Secretaría GeneraldelCentro que resultó aprobada por unanimidad.

Enel informe del secretario general sobre las últimas novedades, el doctor HoracioZapiola Perez destacó en especial el acuerdo celebrado conla ConfederacióndeCámaras de Comercio del Grupo Andino el cual ha sido avalado por los presidentesde las Cámaras nacionales en la reunión del Consejo celebrada el pasado mes dejunio en Asunción.-

Anuncióque se encontraban en gestación otros convenios con Méjico,la Comunidad Europeay Australia y que si bien las conversaciones estaban solo iniciadas esperaba ydeseaba que la gestión dela Confederaçao Nacionaldo Comércio de Brasil a quien corresponde la próxima secretaría pro-tempore,pudiese concretarlas.

Informóque se había presentado antela Secretaríadel Mercosur con sedeenla CiudaddeMontevideo el pedido de utilización del logotipo del Mercosur para los Centrosde Mediación y el Consejo de Cámaras de Comercio delMercosur.

Lagestión fue cumplida de manera personal por los doctores Alejandro Ponieman yFlorencio A. Llanos, informando éste último que luego de un paréntesis por untraspapelamiento habido en la secretaría del Mercosur, ésta había contestado queno tratándose de una entidad sin fines de lucro no correspondía el uso dellogotipo y nombre de Mercosur. Al respecto hubo un cambio de ideas durante elcual se decidió insistir en la petición por considerar que quien había firmadola comunicación no tenía facultades para ello a la vez que no era exacto que lasentidades peticionantes tuviesen fines de lucro.

Tambiénanunció el Dr. Zapiola Pérez que se había iniciado la gestión de un préstamo noretornable de asistencia técnica en el Banco Interamericano de Desarrollodestinado a fortalecerlaRedde Centros de Mediación y Arbitraje en el Mercosur. Destacóque una de las dificultades que se presentaban era que resultaba condición delBID que hubiese un aporte de la entidad receptora del crédito, condición de muydifícil concreción para el Consejo de Cámaras de Comercio delMercosur.

Asimismo,hizo saber la presentación por parte dela Sección Argentinade unproyecto de Reglamento de Arbitraje Regional, indicando que respondía a losmismos lineamientos que tenía un proyecto actualmente en consideración por partedel Consejo Directivo dela Cámara Argentinade Comerciode su autoría junto con la doctora María Blanca NoodtTaquela.

Anunciótambién que se había comenzado a trabajar sobre la certificación de las normasISO 9002 sobre los métodos de actuación y quela Comisiónde Arbitraje y Mediación dela CámaraArgentinade Comercio estaba adelantada en la obtención de lacertificación.

Dióla bienvenida alaCámara Nacionalde Comercio de Bolivia que formalmente seincorporaba al Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur y que la aprobaciónde reglamentos de mediación y listado de mediadores a razón de 10 por país conun objetivo que fuesen 20 por cada uno estaba en camino. A continuación se diolectura por el Dr. Llanos a los nombres de los mediadores de cada uno de losCentros adheridos que se acompaña al acta como anexo.

Ladelegada dela CámaraNacionalde Comercio de Bolivia comunicó que remitiría en brevela lista de mediadores una vez que la propia Cámara aprobase su reglamento ycódigo de ética.

Eldoctor Florencio Llanos destacó la conveniencia de la intervención decomediadores de distintos países, método que facilita la actuación del mediadoren la percepción de particularidadesculturales de los distintos participantes.

Eldoctor Zapiola Perez celebró que las desinteligencias comerciales que se hanhecho públicas entre Brasil y Argentina no se presentan en el ámbito de lasCámaras de Comercio del Mercosur.

Acontinuación se puso a consideración la adecuación de los requisitos para elejercicio de la mediación. Se consideró que no habiéndose incorporado nuevosmediadores cada entidad nacional establecería los propios requisitos aún cuandosería deseable la existencia de un módulo homogeneo quedando librado a cadasección nacional la manera de instrumentar lasdesignaciones.

Eldoctor Zapiola Perez recordó que en la reunión fundacional de Asunción se habíaestablecido que las autoridades fueran pro-tempore y quela Cámara Argentinade Comercio había recibido el honor de desempeñarla durante un espacio de tresaños desde diciembre de 1998. Añadió que corresponde continuar con lapresidencia pro-tempore ala Confederaçao Nacionaldo Comércio de Brasil y la transferencia del cargo y de las responsabilidadesfue diferida para una reunión que se celebrará en Buenos Aires entre el 10 y el15 de diciembre de 2001.

Acontinuación el doctor Florencio Llanos amplió su informe sobre las gestionesque había realizado para lograr el uso del logo del Mercosur antela SecretaríaAdministrativadel mismo a la cual se había referidoanteriormente.

Sehabía recibido una comunicación que en principio no se hacía lugar al uso enatención a lo dispuesto por el art. 2 de la resolución CMC, destacándose que elpedido debería estar patrocinado por un estado miembro y que era condición queel nombre no debe inducir a confusión con cualquiera de los órganos permanentesdel Mercosur.

Seresolvió instrumentar una contestación que fuera avalada por las Cancillerías delos distintos países miembros, gestión que quedó a cargo de cada una de lasCámaras presentes.

Respectodel acuerdo conlaConfederaciónde Cámaras de Comercio del Grupo Andino(CONFECAMARAS), se aclaró que no se había comprometido en modo alguno al Consejode Cámaras de Comercio del Mercosur limitándose al compromiso de conversar sobrela metodología común para la asistencia técnica de los medios alternativos deresolución de disputas.-

ElDr. Zapiola Pérez refirió que estando prevista la constitución de una Comisiónconjunta integrada por 24 miembros por cada bloque, 12 titulares y 12 alternos,en representación delaComisiónde Mediación y Arbitraje y dela SecretaríaGeneraldel Centro de Mediación del Consejo de Cámaras deComercio del Mercosur, por una parte, y porla Confederaciónde Cámaras deComercio del Grupo Andino, correspondía completar la representación delMercosur, pues ya estaban designados los doctores Horacio Zapiola Pérez,Alejandro Ponieman y Florencio Alejandro Llanos, en calidad de miembrosnegociadores por las autoridades que suscribieron el convenio, por lo quesolicitaba a las restantes entidades que nominaran dos delegados titulares y unalterno.-

Eldelegado de Paraguay licenciado Luis María Peña quien se incorporó al promediarla reunión debido al atraso de su avión, manifestó que coincidía con el ordendel día y que a su vez era portador de una propuesta del Centro de Arbitraje yMediación Paraguay y delaCámaray Bolsa de Comercio del Paraguay respecto de elaboraruna propuesta de reglamento y tarifa de arbitraje dela Comisióna efectos de poner enfuncionamiento el intercambio de oferta de servicios de los centros quecorresponden a entidades del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur.- A lavez la misma propuesta propugna implementar un proyecto regional decertificación de árbitros y mediadores y de capacitación continua con elobjetivo de establecer un plan curricular homogéneo y fortalecerinstitucionalmente a la comisión proponiendo una serie de acciones a cumplir queson leídas por secretaria.

Porunanimidad se resuelve incorporarla como Anexo del acta.

Respectode la financiación del BID al centro regional el doctor Horacio Zapiola Perezinformó que los presidentes coincidieron en esperar que se consolidase el estadojurídico del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur mediante elreconocimiento institucional. El delegado del Paraguay manifestó queparticularmente encontraba satisfactoria la información brindada. Anunció quetiene media sanción una ley de arbitraje en el Paraguay a la vez que hanadquirido experiencia respecto de la utilización de la certificación de normasISO 9000 para los árbitros y mediadores de su centro, insistiendo en laconveniencia de establecer un plan curricular común y abrir las listas ala Cámarasdeotros países para llevar confianza alejando prejuicios sobre parcialidad en losárbitros. Señaló también que deberá ser cuestión de atención la distribución delas tarifas a percibirse por cada intervención.

Añadióque a su juicio no propicia por el momento crear un centro de arbitraje delMercosur inclinándose más bien por fortalecer los centrosnacionales.

Eldoctor Horacio Zapiola Perez consideró que coincide por el momento que puede noser necesario o conveniente la existencia de un centro regional pero no comparteel no impulsar un reglamento común. Por el contrario estimó que para certificarla idoneidad de los árbitros era necesario hacerlo desde un reglamento homogéneoy sobre la manera de definir la forma de designación ycapacitación.

Ellicenciado Peña propuso que cada sección nacional proponga un proyecto dereglamento sobre la base del presentado por la sección argentina expresandocoincidencias y discrepancias y a la vez elevando una propuesta de plancurricular y tarifas.

Incorporadoa la reunión el señor Linn Concha presidente dela Cámarade Comercio de Chile,acompañado por el Dr. Cristián Novión, expresó que a su juicio no puede entraral centro quien no tenga una trayectoria comprobable y que esa experiencia debíaintercambiarse entre los distintos países, a su vez se comprometió a designarrepresentantes de Chile dos titulares y un alterno para las negociaciones conlaConfederaciónde Cámaras de Comercio del GrupoAndino.

Incorporadoa la reunión el doctor Alejandro Ponieman, recién llegado de Bolivia dondeasistió a la reunión delaCIACpara adherirse a un convenio común.

Ladoctora Bernanda Flores Ivanovic de Bolivia agradeció y felicitó a la secciónargentina por su desempeño y se adhirió a la propuesta del licenciado Peña sobrela sanidad de los métodos alternos apoyando la capacitación y el área curricularmínima con testeo periódico.

Eldoctor Horacio Zapiola Perez puso a consideración de los presentes laposibilidad de la negociación sectorial internacional. Manifestó quela CámaraArgentinade Comercio se halla en vías de crear un centro denegociadores que es un elemento a tomar en cuenta en atención al desarrollo delas negociaciones y su especificidad.

Ademásconsideró la negociación sectorial internacional como de una viabilidadimportante para preservar las relaciones entre las naciones que los conflictossectoriales antes de ser tratados a nivel político nacional fueran objeto denegociaciones entre los sectores interesados de cada país con el objeto deacotar el conflicto a través de las cámaras de comercio regionales. Secomprometió que para el año 2002 Argentina presentará un proyecto de negociaciónsectorial que contacte a las Cámaras para la solución de conflictos antes de quelos mismos lleguen a nivel de estados.

Ellicenciado Peña se manifestó totalmente de acuerdo y propuso al Consejo deCámaras de Comercio del Mercosur contactar a sus pares para detectar losproblemas comerciales existentes entre los países y prevenir suescalada.

Nohabiendo más asuntos para tratar se dio por terminada la sección siendo lasdieciocho horas.-


V.- PERICIAS: JURISPRUDENCIA “COMPRAVENTA DEMERCADERÍAS - ARBITRAJE - PERICIA ARBITRAL - VICIOS OCULTOS - PRUEBA PERICIAL”.FUENTE MICROJURIS

Partes:Planolux, S.A. c. Vaplas, S.A. s/ ordinario.

Tribunal:Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial

Sala/Juzgado:E

Fecha:28-feb-2000

Cita:MJ-JU-E-11652-AR | EDJ11652 | EDJ11652

Producto:Microjuris

sumario:
1. - El medio de prueba para determinar la existencia de los vicios ocultosde la mercadería vendida, es la pericia técnica prevista en el art. 456 del cód.de comercio, por lo cual, si esta última ha sido omitida no resulta posibleconcluir que la mercancía entregada resultara con vicios o defectos.

2.- No habiendo quedado acreditada la designación judicial o extrajudicial delexperto que presentó el informe adjuntado por la demandada y desconocido por laactora, no puede atribuirse a tal pericia los efectos del art. 456 del cód. decomercio, ya que las conclusiones del perito arbitrador nombrado por las parteso por el procedimiento del art. 773 del cód. procesal no son susceptibles deapreciación judicial, sino que resultan obligatorias para las partes. R.C.

Fallo:
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de febrero del año dos mil reunidoslos señores jueces de Cámara en la sala de acuerdos, fueron traídos para conocerlos autos seguidos por: Planolux, S.A. c. Vaplas, S.A. s/ordinario, en los quesegún el sorteo practicado votan sucesivamente los doctores Martín Arecha, Helios A. Guerrero y Rodolfo A. Ramírez. Estudiados los autos,la Cámaraplantea la siguiente cuestión a resolver: ¿Es arreglada a derecho la sentenciaapelada a fs. 561/67?

Elseñor juez de Cámara doctor Arecha dice:

1.Planolux, S.A. promovió demanda por cobro del precio de dos facturas queinstrumentaban ventas de film de polietileno y de notas de débito emitidas porintereses -del 3% mensual en dólares estadounidenses- derivados de atrasos enpagos de la demandada de otras compraventas. La accionada Vaplas, S.A. admitió lasoperaciones, la recepción de las mercaderías referidas en las dos facturas, perosostuvo que el film no resultó apto, pues los productos que elaboró le fuerondevueltos por sus clientes por defectos, explicando que se utilizaba para asas omanijas de contenedores de pañales y que su fuerza de sellado no resultaba lanecesaria, de lo cual realizó verificaciones técnicas con presencia de laactora. Sobre la base de la inutilidad del material negó adeudar el precio,también desconoció los importes de las notas de débito alegando haber pagadocancelando la deuda total, impugnando de todos modos por excesivo el interés.Pidió el rechazo.

2.La sentencia de fs. 561/7 no hizo lugar a la demanda por cobro de las facturas,básicamente por considerar que conforme resultaba de la prueba testimonial ypericial química la mercadería en cuestión presentaba vicios ocultos, asignandoa la pericia los efectos del art. 476 del cód. de comercio, en cambio hizo lugaral cobro de los intereses moratorios y punitorios consignados en las notas dedébito aunque limitando su importe.Las costas fueron distribuidas en un 85% acargo de la actora y un 15% a la demandada.
3. Ambas partes apelaron; laactora sostuvo su recurso con los agravios de fs. 581/5, en tanto la demandadalo hizo en fs. 586/7. Mediaron contestaciones recíprocas que corren en fs.589/90 y 591/7.

Planoluxcuestiona básicamente la valoración de la prueba hecha en la sentencia, sostieneque se omitió analizar la de testigos propuesta por su parte, que la pericialquímica no aparece cumplida sobre muestras indubitadas al punto que elsentenciante la califica de endeble. Asimismo objeta la reducción de la tasa deinterés por mora de la demandada como la distribución de las costas. Vaplas,critica la admisión de los intereses, sostiene que no reconoció las notas dedébito ni haber incurrido en mora en sus pagos, marcando que la actora recibiólos importes indicados en los recibos de pago del precio sin objeción; tambiéncuestiona la distribución de costas, entiende que el resultado del pleitojustifica que sean cargados íntegramente por la pretensora.

4.Tal como han quedado expuestas esas quejas, conviene, para un adecuadotratamiento de los recursos, analizar primero el planteo de la actora en el quecuestiona el rechazo de su pretensión de cobro del precio de las dos facturas;seguidamente y en conjunto serán los planteos de ambas partes sobre las notas dedébito y su tasa, así como el referido a las costas.

5.Afirma la actora que los testimonios de los testigos que ofreció y quefavorecían su posición no fueron siquiera considerados en la sentencia, ademásrefiere las dificultades habidas durante la tramitación para lograr ladesignación de un perito químico que cumpliera su cometido, más las distintasimpugnaciones y observaciones formuladas y las explicaciones dadas por elexperto, al punto que sus conclusiones no pudieran ser concluyentes, destacandolas dificultades para la identificación de las muestras de las mercaderías comoaspecto relevante para restar valor a esa prueba.Sobre esas bases pide larevocación y admisión de la demanda por cobro del precio indicado en ambasfacturas.
Analizando lo actuado, resulta que se designaron sucesivamentecinco ingenieros químicos, recién el último -Pedro R. Kasman- presentó elinforme, indicando que las muestras sobre las que se trabajó guardaban similitudcon el material verificado en la sede de la actora en punto a suscaracterísticas, embalajes y etiquetas, estimando que era el entregado por laaccionante a la demandada, pero destacando que resultaba imposible unadeterminación indubitable (fs. 479). Hubo observaciones y pruebas conintervención del INTI, en las que se refirió que el material soldaba -que teníaaptitud de pegado-. Luego el ingeniero precisó que la antigüedad del materialanalizado dificultaba precisar cuál había sido la calidad al momento de laentrega a la demandada, pues el polietileno sufría un deterioro propio debido ala acción de la luz y sus rayos, concluyendo en fs. 531 que es imposibledeterminar si el material presentaba buena o mala calidad en el momento en quedebió emplearse debido a la degradación que produce el envejecimiento. Necesarioes precisar que desde la recepción del material por la demandada al momento dela pericia transcurrieron un poco más de dos años.

Esosinformes, revelan la dificultad de llegar a conclusiones precisas para sustentaruna decisión respecto de la calidad de pegado de ese film de polietileno. Esacomplejidad, entendible, deriva de no haber aplicado al caso el procedimientoespecífico que la ley contempla: el art. 476 del cód. de comercio, ya que así demodo inmediato se hubiera podido hacer la determinación cierta de la razón yderecho que hubiera podido asistir a alguna de las partes, pues la normaestablece que para determinar los vicios o defectos de los objetos vendidos sudeterminación se debe efectuar por peritos arbitradores, salvo que mediaraestipulación en contrario -que no se da en el caso-. Noobstante, la demandada insinuó al responder haber realizado peritaciones conasistencia de la actora (fs.258) y adjuntó informes de ingeniero químico. Laactora los desconoció y no hubo prueba alguna respecto de la designaciónextrajudicial o judicial de ese ingeniero para que procediera del modo indicadoen el art. 476 del cód. de comercio.
Si bien la sentencia atribuye a lapericia química rendida el cumplir con los recaudos del art. 476 del cód. decomercio, ello no resulta exacto, en tanto de las conclusiones del peritoarbitrador designado por las partes, o por el procedimiento del art. 773 delcód. procesal arbitra, de modo que sus conclusiones no son susceptibles deapreciación judicial, tornándose aquella decisión pericial obligatoria para loscontendientes (en tal sentido: Fernández, R. en Código de Comercio, t. II ps.357 y 381 y Gómez Leo, O. y Fernández R., en Tratado teórico-práctico de derechocomercial, t. III-A, p. 474).
De tal modo, lo que en el caso define lacuestión es precisamente no haber aplicado el art. 476 del cód. de comercio, asílo señaló el juez Rodolfo A. Ramírez en su ponencia en decisión de esta sala del15.3.94 en Clasi San Luis, S.A. c. Stupneda, S.A. con cita de J. Anaya de Laolvidada pericia arbitral (ED, 134-605) y Zavala Rodríguez, J. en Código decomercio comentado, t. II, ap. 1351, p. 161 y precedente de la sala del 27.2.90en Donato V. c. Papelera San Justo (ED, 140-745). Ese mismo criterio fue tambiénsostenido por otras salas delaCámara: CN Com., sala B, el 4.9.96 en Gifran, S.A. c. Efece,S.A. (ED, 173-745); CN Com., sala C del 24.4.87 en Estructuras Magdalena, S.A.c. Corporación Cementera, S.A. (ED, 126-565); CN Com., sala D del 5.12.95 enDirecto, S.R.L. c. Proserquim, S.A.(LL, 1996-D-348).
Resulta de todo loexpuesto que en supuestos como el presente, el medio de prueba para determinarla existencia de los vicios o defectos de las mercaderías vendidas, es elprevisto en el art. 476 del cód. de comercio.

Enconsecuencia habiendo sido omitida la pericia técnica, no resulta posibleconcluir que la mercadería entregada por la actora a la demandada -detallada enlas facturas copiadas en fs. 7 y 8- resultara con vicios o defectos.

6.En cuanto a las notas de débito y el interés por mora aplicado, correspondieron-según afirmación de la pretensora- a retardos injustificados en el pago delprecio de diversas operaciones de venta, ya que se había indicado que el preciodebía pagarse 30 días desde su fecha, contando con leyenda en la que se fijabaun interés del 3% mensual en dólares para el caso de mora.Sibien la admisión del reclamo -en la extensión que se determinó- se basó en quelas facturas y recibos no habían sido desconocidos, concluyéndose que frente aello el recibo por cuenta del capital (fs. 566) no importó condonar losintereses derivados de la mora, asistiendo derecho al cobro de la actora por losperíodos indicados en esos documentos.La demandada no cuestiona haber realizadolos pagos en las fechas que indican los recibos, tampoco la previsión de pago a30 días (art. 465, cód. de comercio), aunque sostiene que siempre pagó dentro delos plazos normales de estilo, es decir que abonó sin duda en las oportunidadesque surgen de los recibos: lo hizo encontrándose en mora.
En tanto en losrecibos consta reserva al cobro de los intereses, no es posible interpretar queel acreedor renunció a su cobro o que imputó lo percibido al capital (arts. 744y 746, cód. civil).
Los intereses determinados en la sentencia conforme alart. 656 del cód.civil se los adecuó a dos veces y media la tasa en operacionesde la moneda estadounidens e percibida por el Banco dela Nación Argentinaen susoperaciones de descuento, resulta adecuada y es la que la sala ha admitido endecisión del 18.7.96 en Motor S.A. c. Zangaro, B. s/ejec., razón por la cual nocorresponde admitir ninguna de las quejas.
7. Ambas partes han objetado elmodo de distribución de las costas, empero, como consecuencia del resultado deesta ponencia procederá admitir el recurso de la actora en la parte principal,por aplicación del art. 279 del cód. procesal, procederá modificar la imposiciónde fs. 566 y 567.

Elresultado del pleito indica que la actora debe ser considerada principalmenteganadora en tanto debe admitirse su reclamo de cobro del precio de las dosoperaciones, y se limitan los intereses -referidos en las notas de débito-,corresponde que las costas sean soportadas por las partes en una 90% a cargo dela demandada y 10% a la actora (art. 71, cód. procesal) atendiendo para ello alresultado del pleito.

8.La parte demandada ha solicitado se apliquen sanciones procesales a la letradade la actora atribuyéndole haber incurrido en grave temeridad y malicia.
Noencuentro procedente tal petición, pues más allá del modo como pudo argüirse ensustento de los intereses que tenía que asistir la letrada, lo cierto es que lacuestión se resuelve por aplicación de un criterio legal respecto del cual nomedió concreta discusión entre las partes, y que tornan ineficaz la pruebacumplida respecto de la cual se atribuye haber mediado artificiosaargumentación.

Además,en el caso, ha sido consentido el llamado de autos para sentencia, sin que laletrada cuestionada hubiera sido notificada del pedido de las sanciones para queejerciera debidamente el derecho de defensa en base a las imputaciones que lefueron reprochadas por su contraria.

Concluyopues, considerando no procedentes las sanciones procesales solicitadas por laparte demandada.

9.Portodo lo expuesto, propongo al acuerdo, admitir parcialmente el recurso de laactora conforme lo considerado sub. 6 y modificar la imposición de costas de laprimera instancia como se propuso sub. 7. No hacer lugar al pedido de aplicaciónde sanciones procesales de fs. 591/7.

Lascostas de esta segunda instancia, atento al resultado del recurso, se imponen ala parte demandada que resulta sustancialmente vencida (art. 68, cód. procesal).

Elseñor juez de Cámara doctor Guerrero dice:

Compartolos fundamentos vertidos por el señor juez preopinante por lo que adhiero a lasolución por él propiciada. Voto, en consecuencia, en igual sentido.

Poranálogas razones, el Sr. juez de Cámara, doctor Ramírez, adhiere a los votosanteriores.

YVistos: Por los fundamentos del acuerdo precedente se resuelve: admitirparcialmente el recurso de la actora, y en consecuencia, se condena a lademandada al pago del precio de las facturas 7299 y 7321 por la suma de u$s11.759,71 (once mil setecientos cincuenta y nueve dólares con 71 centavos) máslos intereses fijados en la sentencia (fs. 566 v) desde que las facturasdebieron ser pagadas hasta el efectivo pago, modificando la imposición de costasque se imponen en un 90% a cargo de la demandada y 10% a la actora (art. 71,cód. procesal) confirmando lo restante. Las costas de la segunda instancia, seimponen a la demandada que resulta sustancialmente vencida (art. 68, cód.procesal). - Rodolfo A. Ramírez. - Martín Arecha. - Helios A. Guerrero (Sec.:Gerardo D. Santicchia).


VI.-SECCION: “CONTRASTANDO IDEAS” - HOY PRIMERAREFUTACION EXPONE HORACIO ZAPIOLA PEREZ ACERCA DELA CONFERENCIA DEITVETAN TODOROVCONQUE SE INAGURÓ EL PROGRAMA MAESTROSCONTEMPORÁNEOS DE CAIXAFORUM

                                                                                                         Buenos Aires, 30 de junio de 2009.

Sr.Deodoro Luque:

EstimadoDeodoro

           A modo de primera refutación, poreste medio (Newsletter del TAI) le hago llegar mi punto de vista acercadelartículo de Itzvan Todorov.

           Conociendosu formación filosófica, quiero destacarle que, el pedido formulado representaun reconocimiento hacia mi persona que mucho valoro.

Enlos Editoriales del Boletín que dirijo, he ido adelantando algunos puntos queresultan sensibles para mi espíritu, pero a la luz de los imperativos éticos, leadelanto que en el compromiso asumido seré objetivo, pero no neutral, puesto enel análisis que expondré estará en juego mi vocación de creyente en la libertadejercida con ética y moral.

Lodicho ha encontrado una respuesta muy oportuna, en aquella dada por AlejandroDolina[i][i],cuandoal referirseasu programa de radio dice textual “(…) el compromiso no es una actitud que unodecide antes del programa diciéndose “me voy a comprometer un poco”. Si miramosbien Rosseau, Voltaire o Montesquieu han influido más en la revolución francesaque algún periodista que denunciara los excesos de este o aquel noble. Este tipode periodista ha quedado en el olvido, y en cambio los escritores que parecíanalejarse de la realidad inmediata resultaron ser los que conmovían los cimientosde un orden injusto, más que las excrecencias casuales (…)”.        

Nome ha resultado fácil abordar al filólogo búlgaroItzvanTodorov, luego formado en lo más graneado de la inteligencia francesa de ladécada del 70, porque no he podido leer la totalidad de su producción literariay porque tampoco he podido acceder al texto de la conferencia con que inauguróel Programa Maestros Contemporáneos de Caixa Forum, a que se refiere la notaperiodística que me remitiera.

           Como verá, no conociendo enprofundidad los trabajos aludidos corro un serio riesgo de que mi análisis quedefuera de la realidad. Pero, permítame Don Deodoro Luque, que arriesgue alrespecto y en particular contraste algunas de los conceptos que se ponen en bocade Todorov, de manera de que el lector, Usted y yo saquemos algunasconclusiones.

           Así las cosas y recordando aquelproverbio del medioevo que dice “que peca mortalmente aquel que consultado noresponde, porque para eso le pagala Sorbonasi es catedrático; o le danlimosna si es religioso”, sin ser ninguna de ambas, pero a riesgo de pecar, esque paso a exponer mis ideascon la esperanza que sirva al discernimiento buscado.

           Creo conveniente en primer términotrazar un perfil deItzvanTodorovque, como se observa en su biografía, ha nacido en Bulgaria en 1939, en momentosen que serían cotidianas las charlas acerca de la derrota sufrida por Bulgariaen la primera gran guerra y los comentarios sobre los preparativos para lasegunda.

           Vivió su infancia con las angustiasde la segunda guerra[ii][ii]y culmina su adolescencia con la invasión rusa de 1945, que convierte a Bulgariaen un integrante delaUniónSoviética[iii][iii].

           En Sofía estudió filología eslava yluego se muda a París donde milita en el estructuralismo activamente hastaromper fuertemente Levy-Strauss. A partir de allí se aleja del estructuralismo ypareciera convertirse en apolítico con una visión de humanismo crítico. Será porello, que en algunos trabajos se define a sí mismo, como un "hombredesplazado".

           En su relato se desprende la miradade un migrante que no deja de sentirse extranjero. Creo que no resultará fácil,sentirse propio en lugar ajeno (por ejemplo un búlgaro en el mundo intelectualdel París setentista), por la desconfianza que despierta el miedo a aquello queresulta extraño y nada cotidiano y el reflejo continuo de percibir que aquelotro cercano, no valora el esfuerzo de integración.

Creoque hay que buscar en esa perspectiva, cuando Todorov habla del desarraigo y delencuentro de culturas y nos trasmite su obsesión por saltar barreras y en esesalto poder unir ámbitos en apariencia inconciliables, ya se trate de lenguas,culturas o disciplinas.

Concienteque su contexto social y cultural, pueden afectar su concepción del pasado loconvierte – como también sostiene-, en un moralista más que en unhistoriador.

Comobien indica en su carta, el dilema que plantea Todorov en su artículo, escomprobar el valor de las leyes como restauradoras del daño por el mal causadopor los regímenes políticos y surge como consecuencia de los intentos del JuezGarzón de revisarlaGuerra Civilespañola.

Coincidocon la postura de Todorov, cuando indica "No lograremos nunca librar a los sereshumanos del mal. Nuestra única esperanza consiste no en erradicarlocompletamente (se refiere al mal), sino en intentar entenderlo, contenerlo,reconociendo precisamente que también está presente ennosotros”.

Tambiéncoincido con su idea que “Las leyes que pretenden dar una interpretacióndefinitiva de algún acontecimiento histórico, se basan en la creencia de quecondenando los errores del pasado, podremos evitarlos”.

Perono comparto su conclusión al respecto “Estas leyes se debe a que objetivan elmal y lo demonizan como si fuera algo externo a nosotros, cuando el mal estápresente como algo que todos somos capaces de hacer. El error está enconsiderarnos víctimas inocentes y ver a los criminales como monstruos ajenos anosotros.”

Enprimer lugar que yanadie discute que el hombre no puede vivir si no es asociado a sus semejantes ysiempre que exista esa convivencia se observaran aspectos positivos y otrosnegativos, entre estos últimos destaco “la propensión de vivir en un permanenteestado de conflicto”.

Porello que para no comprometer la propia coexistencia del grupo social, al estadode conflicto se le debe poner fin rápidamente, y las ciencias sociales indicanque la mejor herramienta disponible a esos fines, ha sido y es el Derecho, quiéntendrá como misión principal evitar o reducir a su mínima expresión, laproducción de esos conflictos que necesariamente se desataran en la sociedad.

Elderecho dice Giuseppe Lumia[iv][iv],esuno de los muchos mecanismos de control social de las conductas (la familia, lareligión, la moral, los usos y costumbres, son otros de los medios que cumplencon la misma misión).

Creoque el problema no se encuentra en las leyes y/o en los juicios, sino en el maluso de ellos, sea porque el poder estatal politiza la justicia o el poderjudicial judicializa la política.

Observeal respecto lo que dice el tratadista soviético Andrei Vishinski[v][v]:“(…). Los jueces deben ser buenos políticos, porque el Tribunal es un armapoderosa de la dictadura del proletario, que participa del trabajo prosaico deconsolidad el régimen soviético, reeducando a los débiles morales y vacilantes.Se agrega que si la ley estuviera en conflicto con los intereses del socialismoy del trabajador, los jueces prestaran acatamiento a la directivas del partidocomunista (…)”

           En sintonía con lo dicho, tambiéndisiento con la idea que “El error está en considerarnos víctimas inocentes yver a los criminales como monstruos ajenos a nosotros.”, sobre la cual se apoyapara razonar, de la mano del etnólogo francés François Bizot[vi][vi],los crímenes de los kmers rojos.

Esque la aseveración deviene en un reduccionismo subjetivo y porque aún aceptandoque el “mal” es natural al hombre, y que el “mal” puede afiebrar su espíritutransformándolo en un ser irracional (monstruo para Todorov)), también el hombreposee un sentido de las diferencias que le permite distinguir entre lo bueno ylo malo que observa, y que le permite evitar las convulsiones malsanas a quepodrían conducir ese espíritu afiebrado.

Noenjuicio (aunque me parecen desacertadas) susreflexiones en los casos, del genocidio cometido en Camboya por los “jemeres”rojos y la reconciliación sudafricana después del fin del Apartheid, no por losrelatos en sí, sino en cuanto las aparentes conclusiones a que arriba, ya queconsideroequivocado la búsqueda de un juicio acerca de la “justicia reparadora”comparando conductas de culturas tan diferentes, como Camboya ySudáfrica.

Aesos fines me parece mucho más revelador para entender el condicionamiento de lareconciliación los ejemplos de Argentina y que en su momento se deberá debatiral respecto.

Concretamenteme refiero a la primera ley de perdón en la etapa constitucional argentina, quese impulsara en 1874 como consecuencia del alzamiento y derrota del GeneralBartolomé Mitre, denunciando fraude en las elecciones que ganara el Dr. NicolásAvellaneda. A la que le sucedieron varias otras coincidiendo con momentosfacciosos que sufriera el país.

Laque a mi entender tuvo mejor éxito, fueron los indultos de alcance políticodictados durante la administración del Dr. Menem, especialmente luego de laasonada del Coronel Seineldin, que abarcara el periodo de1989 a1999, en donde sepacifico el país y se superaron los enconos que separaban a los ciudadanos enaquel momento.

           En el campo contrario, el de “lasleyesde memoria histórica o grandes juicios”, el primer antecedente lo encontramosdurante la administración presidencial de H. Yrigoyen, con la rehabilitación delos complotados en las revoluciones de 1890, 1893 y 1895 y el posterior proyectode ley de enjuiciamiento de los gobiernos anteriores.

           En lo que hace a la etapa actual,desde 1983 tenemos dos etapas en que se volvió a dicha política, con másfracasos que aciertos. La primera durante la administración presidencial del Dr.Alfonsín, cuyo mandato de manera anormal y otra más amplia y más abarcativa,impulsada por las actuales administraciones, primero de Néstor Kirchner y hoyCristina Fernández, que no sabemos como acabará.

           En ese debate creo deberíamos tenermuy en cuenta, las ideas del filosofo Joseph Ernest Renan[vii][vii],al que Todorov ha dedicado algún estudio, que en 1882 afirmaba, que el olvido esun factor crucial en la creación de una nación, y es por esta razón que elprogreso en los estudios históricos a menudo constituye un peligro para elprincipio de la nacionalidad.           Ciertamente agrega que, las pesquisas históricas sacan a la luz hechosviolentos ocurridos al inicio de todas las formaciones políticas, incluso deaquellas cuyas consecuencias han sido en conjunto benéficas. La esencia de unanación consiste en que todos los individuos tengan muchas cosas en común y,también, que hayan olvidado otras tantas. La amnesia colectiva es necesariaporque permite el olvido de agravios pasados. Pero cuando la memoria regresa, lavida de las comunidades imaginadas que llamamos naciones se complica. Este, porsupuesto, no es un fenómeno nuevo. Cuando las naciones están en problemas con supasado, tarde o temprano, se fracturan.

           Y también a José Ingenieros,principalmente en “El Hombre Mediocre” ya que algunos pensamientos suyos cierroesta misiva.

           El hombre puede abuenarseadquiriendo hábitos que le orienten hacia alguna virtud; el largo camino, sindesvíos ni término, hay que emprenderlo precozmente para acendrar lapersonalidad, sembrando en la conciencia el pudor de las malas acciones. El bueno se mejora al serlo, pues cada actosuyo marca una victoria sobre la tentación del mal: y mejora a los demás,educando con la inobjetable lógica del ejemplo. Combatir la injusticia es lamanera eficaz de capacitar a los hombres para el bien: ser bueno sería másfácil, y aun menos peligroso, cuando en todos los corazones vibrase la esperanzade que la bondad será alentada, no encontrando el mal atmósfera propicia. Mientras existan corazones que alienten unafán de perfección, serán conmovidos por todo lo que revela la fe en un ideal:por el canto de los poetas, por el gesto de los héroes, por la virtud de lossantos, por la doctrina de los sabios, por la filosofía de lospensadores.

           Con el afecto delcorazón.

 

                                              Horacio R. Zapiola Pérez

 



 



[1][1] El contenido de los artículos firmados que se publiquen en este Newsletter, serán responsabilidad de sus autores y no constituirán un documento oficial del TAI y/o CAI y tampoco se la puede catalogar como opinión favorable del TAI y/o CAI.



[i][i]VerPublicaciónSobre Normativa del Español dela Fundación Literae, año2007. pag. 9.Alejandro Dolina, es unpensador y crítico argentino, que desarrolla su actividad básicamente en laliteratura, la música y los medios de comunicación social.

[ii][ii]Losrecuerdos que yo tengo son horribles, estos millones y millones de personasexterminadas, hoy ponemos el grito en el cielo al ver a tres mil personasaniquiladas en un atentado, es escandaloso es cierto, pero es como si una bombacayera en Varsovia, en Moscú o Berlín. Entrevista a Tzvetan Todorov, "Huir de latentación del bien" por Eduardo Castañeda

[iii][iii]Bulgaria se convirtió al cristianismocon el Rey Boris I en el año 865, credo que lo convirtió en obligatorio y luegopasó a formar parte del imperio bizantino. Sucesivamente fue invadida y divididapor otomanos, rusos, culminando en 1913, su alianza con los imperios centralesAlemania, Austria-Hungría y Turquiía.

[iv][iv]Principios deTeoría e Ideología del Derecho, Madrid, España, versión castellana, Ed.Debate.

[v][v]“La teoríade la prueba” premio Stalin, Editorial Nuevo Derecho, Bs. As.- 1951, pag. 24,42y 65. Citado por Manuel Ibañez Frochan en Tratado de los Recursos en el ProcesoCivil. Cuarta Edición, Edit. Fedye. 1969. Pag 12. Andrei Vishinski, magistrado judicial,profesor de derecho procesal y destacado político soviético.

[vi][vi]Francois Bizot trabajaba en la reconstrucción de Angkor en 1971 cuando fuecapturado en la selva por las tropas de Pol Pot. Durante los tres meses en losque fue interrogado y castigado, desarrolló una especial relación con elcamarada Duch, posterior director de S-21, principal centro de torturajemer. Rodeado de adolescentes analfabetos,Duchpasó horas conversandocon Bizot sobre sus desvaríos marxista-leninistas. Bizot fue el único extranjeroal queDuchliberó. Mientras el público aún se sentaba ayer, Bizot seacercó al cristal blindado.Duchle reconoció en un par de segundos y leofreció el saludo respetuoso camboyano, con las palmas de las manos juntas y lacabeza inclinada. Bizot le devolvió una mirada saturada de desprecio. "No sé porqué tiene tantas garantías procesales, él nunca dio ninguna a sus prisioneros",dijo después.

[vii][vii]JosephErnest Renan (Tréguier, 27 de febrero de 1823, París, 12 de octubre de 1892) fueun escritor, filólogo, filósofo e historiador francés. En su discurso en 1882intitulado "¿Qué es una Nación?", en el cual da una idea distinta acerca delconcepto de "nación" a la que otros venían llevando, dejando de lado así laimportancia racial para formarse tal identidad, ni lo étnico, ni siquiera ellenguaje común de un pueblo. Su idea de nación va a tratarse más de unacreencia, de la forma en que un grupo de personas forma su identidad y sedistingue del resto por haber vivido una historia común, tiempos felices ytrágicos, y por querer vivir más cosas de ese modo, unidos. La religión, laraza, el idioma, la cultura, el territorio y otras cosas quedan en un segundoplano. Renan fue miembro dela Academia Francesayadministrador del Collège de France.Obra Ensayo histórico y teórico sobre laslenguas semíticas (1847), por el cual obtuvo el premio Volney Averroes y elaverroísmo (1852, Ensayos de moral y de crítica (1859); Historia de los orígenesdel cristianismo (1863-1881). El primero de los 7 volúmenes era el titulado Lavida de Jesús Cuestiones contemporáneas (1868) ¿Qué es una Nación?. Discurso(1882). Publicado por Sequitur (edición bilingüe), ISBN 978-84-95363-27-5Recuerdos de infancia y de juventud (1883) - Incluye su "Oración sobrelaAcrópolis" Historia del pueblo de Israel (1887-1893) Porvenirde la ciencia (1890) ACT 2 CIVIDA , J3J3J , AXEL